La inversión educativa provincial se destina en un 92% al pago de salarios de docentes y personal auxiliar, mientras que es el Estado nacional el que afronta una importante proporción del gasto en infraestructura escolar, que incluye la distribución de computadoras portátiles para los alumnos.

Éste es el aspecto más delicado de la ley de financiamiento educativo, que estuvo en vigencia en la Argentina entre 2005 y 2010 y que permitió a nivel global un crecimiento del presupuesto que la Nación y las provincias destinaron al sector. De ese 92%, el 13% son transferencias salariales al sector privado de la educación distrital.
Del 100% del total del presupuesto educativo, las provincias sólo destinan el 3% a bienes y servicios, 3% a gastos de capital y 2% a otras transferencias al sector privado.

Hasta 2005, nuestro país destinaba el 4% del producto bruto interno (PBI) a la educación y lo elevó en cinco años al 6,2%.

Esta variación presupuestaria contribuyó a que la Argentina pasara del puesto 81 en el ranking mundial de inversión educativa en relación con su riqueza al actual 19. Sin embargo y pese a los esfuerzos efectuados tanto por el Estado nacional como por los 24 distritos del país, aún persisten brechas entre las provincias.

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) efectuó un relevamiento minucioso sobre el comportamiento del Estado nacional y de las provincias durante los cinco años de vigencia de la ley de financiamiento educativo (2005-2010).

El informe final fue efectuado por el investigador principal de esa entidad, Axel Rivas (ver aparte), junto con Florencia Mezzadra y Pablo Blezem.

"A pesar de que la ley posibilitó un gran aumento en el financiamiento del sector, no logró disminuir las desigualdades en la inversión, ya que los mecanismos previstos no resultaron suficientes para compensar la inequitativa distribución de los recursos fiscales", afirmó Mezzadra, codirectora del programa de Educación de Cippec.

En 2010, la inversión efectiva de las provincias fue de $ 63.727 millones; $ 3150 millones más de lo que establecía la ley. Sin embargo, no lograron la meta fijada las provincias de Corrientes, Salta, Santiago del Estero y San Luis. En cambio, Santa cruz, Formosa y Santa Fe superaron las perspectivas fijadas para ese año.
La evolución de los salarios docentes también fue dispar. Los distritos que más aumentaron a sus maestros fueron La Pampa, Formosa, San Juan, Chaco, Santa Cruz, Tucumán y La Rioja. En cambio, Catamarca, Río Negro, Mendoza y Corrientes fueron las que tuvieron menores incrementos de salarios docentes.

Según explicó Mezzadra, la mejora en el salario docente entre 2005 y 2010 fue un 50% superior "en términos reales que hace 15 años".

El estudio revela que Tierra del Fuego es la provincia que más invierte en educación por alumno estatal: $ 17.213. Mientras que Salta es la que menos dinero destina al mismo rubro: $ 3276.

Los primeros cinco puestos se completan con Santa Cruz ($ 14.624), Neuquén ($ 11.700), La Pampa ($ 11.461) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($ 10.682).

La provincia de Buenos Aires se encuentra en el undécimo lugar con $ 6520. Entre las cinco provincias que menos dinero destinan a la educación se cuentan Tucumán ($ 4908), Corrientes ($ 4825), San Luis ($ 4489), Misiones ($ 4342) y Salta ($ 3276).

Calidad educativa

Contar con mayor presupuesto educativo lamentablemente no se ha traducido en mejor calidad educativa. Alcanza con señalar que entre 2000 y 2009, la Argentina ha mantenido un descenso sostenido en el ranking PISA, que efectúa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Esa evaluación internacional se efectúa cada dos años entre un promedio de 65 países y examina a unos 470.000 estudiantes de 15 años en sus capacidades de comprensión de lectura, matemáticas y ciencias.

Los últimos resultados mostraron a nuestro país en el puesto 398. De los 65 países participantes, la Argentina quedó ubicada en el lugar 58. Las mejores calificaciones fueron alcanzadas por los alumnos evaluados de Shanghai, Corea del Sur, Finlandia, Hong Kong, Singapur y Taiwan.

El impacto negativo de esa evaluación llevó al gobierno nacional a analizar la posibilidad de dejar de participar en PISA. Sin embargo, la decisión del Ministerio de Educación porteño de contar con un capítulo propio contribuyó a que nuestro país aceptara ser evaluado nuevamente.

En 2012, PISA efectuó su prueba en todo el país y, de manera especial en 60 escuelas porteñas. Los resultados se conocerán en los próximos meses. Extraoficialmente, las autoridades nacionales y porteñas admiten que no recibirán buenas noticias.

Sí se registraron avances relacionados con la inclusión y la equidad educativa. El informe de Cippec indica que "en el ámbito urbano se pasó de una cobertura del 87% en 2005 en la población de 5 años a un 98% en 2012". También se informa que la matrícula de la sala de 4 años creció un 25% y pasó de 415.000 alumnos en 2005 a 512.000 en 2010.

En cambio, no hubo demasiados cambios en la meta de jornada completa. Entre 2005 y 2010, el porcentaje de la matrícula de escuelas de jornada completa se mantuvo en un 5,5%. La ley fijaba el 30% para ese período.

"El aumento de los recursos financieros ha permitido avanzar en un conjunto de políticas, entre las que vale la pena destacar el mayor acceso a la educación inicial de sectores excluidos (por ejemplo, por la Asignación Universal por Hijo, cuyo cobro está atado a la obligatoriedad escolar), una mejora sustancial en los salarios docentes y el mejoramiento en algunas modalidades del sistema, como educación técnica", sostiene el estudio de Cippec.

Radiografía de cinco años

Crecieron los recursos de las administraciones nacional y de las provincias

TERCER LUGAR

Del presupuesto nacional

La Educación figura en el tercer puesto del ranking del presupuesto nacional con el 8%, detrás de Seguridad Social (40%) y Energía, Combustible y Minería (9%)

INVERSIÓN

De las provincias

Cerca del 70% de la inversión en Educación, Ciencia y Tecnología es financiado por las provincias, que destinan una cuarta parte de sus presupuestos para esos fines

SALARIOS

Docentes

Durante la vigencia de la ley de financiamiento educativo, el sueldo del maestro aumentó un 23 por ciento

Del editor: qué significa.
El estudio revela que más allá de la necesidad de contar con más recursos, la mejora educativa no sólo pasa por contar con más dinero.

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