El proceso político fue ágil y no tuvo objeciones en el recinto. La Legislatura de Mendoza aprobó este martes el proyecto que declara de utilidad pública a Industrias Matas, lo que implica que en poco tiempo puede quedar en control de los empleados que trabajaban cuando la conservera se declaró en quiebra en 2006. Esto implica un freno al remate de sus bienes, aunque todavía falta la promulgación de la ley por parte del gobernador Francisco Pérez.

Primero fue la Cámara de Diputados, que dio media sanción la semana pasada. El Senado dio el último aval político con el proyecto que llegó de la cámara baja y por unanimidad. La iniciativa había sido presentada por el justicialista Claudio Díaz y declara de utilidad pública a la firma insigne de la familia Matas, ubicada en Guaymallén, en consonancia con la ley 1447 de expropiaciones. El proyecto establece la ocupación temporaria por dos años por parte de los empleados de la empresa que se declaró en quiebra en 2006 y que quedaron sin trabajo y sin la indemnización correspondiente.

"En este contexto, implica recuperar fuentes de trabajo y recuperar una empresa que está parada", explicó Díaz. "Se la damos a los trabajadores para que por autogestión recuperen sus fuentes laborales. Si la empresa funciona bien, entonces genera riqueza comprando también a los indirectos. Y le da un impulso a las economías regionales", agregó el legislador de extracción gremial.

El diputado justicialista dejó entrever el contexto en que se aprueba esta ley. La situación del empleo en Mendoza ha generado preocupación por la pérdida, según datos de la Subsecretaría de Trabajo, de 4000 puestos laborales en 2015. En concreto, la utilidad pública beneficiará a 45 jefes de familia e indirectamente a 200 personas, que se han nucleado en la Cooperativa Terra. Además de renovar la cadena de producción y comercialización.

Pero todavía falta la promulgación por parte del gobernador Pérez. Con este paso, la conservera recuperada pasará a la vez bajo la órbita del ministro Marcelo Costa. El titular de Agroindustria tendrá que realizar un seguimiento de la marcha financiera de la empresa en el período de dos años bajo control obrero a través de la Dirección de Cooperativas.

Si la empresa puede reafirmarse económicamente en el mercado, entonces existe la posibilidad de que la Legislatura otorgue una prórroga a la expropiación. Si no rinde económicamente, entonces se reiniciará el proceso de remate de los bienes -ya se frenaron dos remates-.

Por lo pronto, con el aval político, se frena el proceso de remate de bienes de la conservera para poder pagarle a los acreedores, en su mayoría proveedores mendocinos. En abril pasado, la Justicia declaró la quiebra de la conservera que se había declarado en concurso de acreedores en 2006. La causa está a cargo de la jueza Gloria Cortés -del Segundo Juzgado de Procesos Concursales-.

Con la declación de la quiebra, los trabajadores con demandas a la firma esperaban que la magistrada permita a la cooperativa tomar el control de la empresa y de sus recursos. Por ende, la expropiación es un aval político y legislativo significativo con el apoyo de los partidos.

La expropiación por parte de la Legislatura se aprueba una semana después de que Jacques Matas se presentara ante la Justicia por un caso de estafa procesal. El empresario, que en los años 90 participó del directorio del Banco Mendoza por el grupo Magna, se presentó ante el fiscal especial de Delitos Complejos, Daniel Carniello, para ser notificado por la elevación a juicio de la causa en su contra. Carniello lo había citado en tres ocasiones y como el empresario no se presentó, lo declaró en rebeldía. Con la presentación, Matas se declaró inocente de los cargos.