En un clima de acuerdo político que involucra al oficialismo y a la oposición -a pesar de la cercanía de las elecciones- y que también incluye a los tres poderes, el vicegobernador Carlos Ciurca se reunió ayer con la Comisión Bicarmeral que preside la senadora radical, Milagros Suárez.

Confirmó que esta mañana el gobernador Francisco Pérez, el presidente de la Corte, Pedro Llorente y el procurador Rodolfo González, firmarán un "acuerdo de transición" de la Policía Científica del Ejecutivo al Judicial. Se pondrá en vigencia desde hoy y hasta que la Legislatura apruebe una ley específica de Policía Judicial.

Esto podría suceder "antes de fin de año" en los cálculos de la senadora Suárez, quien anticipó que habrá esfuerzos tendientes a lograr un despacho común entre el borrador del Ejecutivo y los proyectos (con media sanción) del radicalismo y los demócratas sobre el mismo tema.

"Los 170 policías que cumplen funciones hoy en Científica no perderán ninguno de sus beneficios laborales", enfatizó el vice. Hizo referencia fundamentalmente a la posibilidad que hoy tienen de jubilarse con veinte años de servicio y sin edad, con el 67% del sueldo activo. Y a la jubilación con el ciento por ciento del sueldo activo, sin exigencia de edad que hoy favorece a los policías que hoy migran de poder.
 
"La transferencia será no sólo del personal sino también del equipamiento que emplean. La Policía Científica seguirá figurando en el presupuesto del Ejecutivo este año y el próximo, y en el 2015 pasarán a integrar el presupuesto de Tribunales", confirmó Ciurca. Y adelantó que entre los proyectos de ley que enviará el Ejecutivo se encuentra la ampliación de competencias sobre flagrancia y garantías en siete Juzgados.

"Queremos trabajar los tres poderes juntos sin echarnos responsabilidades unos a otros", enfatizó el vice poniendo paños fríos ante los iniciales pases de factura a los fiscales con los que respondió el Ejecutivo, en el comienzo de la actual crisis de seguridad.

También destacó "la madurez de todos los bloques" en el tratamiento del tema, lo que hace suponer la existencia de un acuerdo tácito para evitar el uso del tema "inseguridad" en la campaña electoral. Ayer estuvo presente el diputado Luis Petri (referente radical en seguridad) pero no Daniel Cassia, el peronista federal que hace de la "tolerancia cero" su leit motiv de campaña.

"Es un paso adelante que el oficialismo acuerde en la Legislatura impulsar cuatro proyectos radicales, pero también nos gustaría que estos entendimientos alcanzaran la órbita del Ejecutivo", dejó caer Petri.

Entre otros legisladores estuvieron presentes los radicales Jaliff y Vietti, los demócratas Aguinaga y Vinci, los sabbatelistas Naman y Piedrafita y el macrista, Cairo. Ciurca propuso que la Bicameral de Seguridad se sume a un trabajo conjunto con los técnicos del Ejecutivo y el Judicial para avanzar más rápidamente "en una comisión muy operativa" en la definición del proyecto final de Policía Judicial.

En tanto, en la Legislatura, se acordó que el martes 8 de octubre el Senado trate en el recinto un paquete de proyectos de ley con "media sanción" a partir del de registro de ADN. En la Legislatura se acordó que cada cámara se haga cargo del tratamiento de las "medias sanciones" pendientes en materia de seguridad: allí se mencionan los proyectos de defensor del policía, de actualización de las fotografías de los condenados y de ampliación de derechos de las víctimas, posibilitándose constituirse en parte querellante.
 
También abundaron las propuestas nuevas. El senador Vinci presentó un proyecto de ley para hacer obligatorio el uso de uniformes identificatorios para los presos. Aguinaga insistió en la necesidad de incorporar al tratamiento las modificaciones de los códigos contravencionales y de faltas. Aún ausente, Cassia hizo llegar un pedido de tratamiento para su proyecto de verificación técnica vehicular. La Bicameral, fijó para el jueves 3 de octubre la recepción del flamante subsecretario de Seguridad, Sergio Rocamora.