El 60 por ciento del salario de los choferes de colectivo depende de los aportes que realiza el Gobierno nacional mediante subsidios, lo que deja a los empresarios del sector con un margen escasísimo de riesgo a la hora de negociar los sueldos de los trabajadores, y agrava la subordinación del Ejecutivo provincial con la Casa Rosada.

Si a esto se le suma que desde la Nación se viene señalando últimamente la dificultad para mantener los subsidios, debido a problemas financieros, el pronóstico podría ser peligroso a la hora de imaginar futuros escenarios de negociación en un sector tan sensible como es el del transporte público de pasajeros.

En los últimos cuatro años, el Estado nacional ha venido interviniendo fuertemente en el sostenimiento del sueldo de los colectiveros, y la decisión se debe a que si no colocaba estos fondos, los ingresos debían provenir del aumento en el precio del boleto o de mayores erogaciones que le correspondería hacer a la Provincia.

Que suba la tarifa del transporte público pone a cualquier gobierno ante un tsunami de malhumor social, y a la vista está el recibimiento negativo que tuvo en las últimas horas el anuncio de que el boleto de colectivo pasaba de costar 1,40 pesos a 2,10. La conflictividad social, está claro, limita mucho esta acción por parte del Gobierno local.

La otra salida es colocar más plata proveniente de las arcas provinciales, lo que, según vienen repitiendo desde la actual administración pública, no estaría en condiciones de realizarse. "Yo discuto salarios, no discuto de dónde provienen los fondos", precisó Rodolfo Calcagni, del Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus (Sipemom), como para dejar en claro que su rol gremial es en defensa de los ingresos de los choferes y no sobre la procedencia de la plata.

Calcagni comentó que por ahora no está en análisis reabrir las negociaciones salariales, luego de que en abril obtuvieran una suba de 23 por ciento, pero no descartó que si la inflación llega a superar en lo que resta del año las estimaciones de 25 o 30 por ciento, antes del 2013 podrían retomar la discusión por los sueldos.

Calcagni, como secretario general de la CGT en Mendoza, se expresó a favor de la continuidad de Hugo Moyano al frente de la central obrera a nivel nacional (ver aparte). Este contexto, en términos políticos, añade un condimento extra en la relación con el Gobierno provincial, ya que su máximo representante, el gobernador Francisco Pérez, se ha mostrado muy crítico de la posición confrontativa de Moyano ante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Por otro lado, Oscar Razquín, gerente técnico de la Asociación Unida de Transportistas de Mendoza (AUTAM), admitió ayer la fuerte intervención del Estado nacional en el sostenimiento del salario de los choferes. Razquín dijo que la situación que se plantea en la Provincia en los últimos años ha hecho que el envío de subsidios nacionales sea fundamental a la hora de pagar sueldos, ya que financian directamente los aumentos salariales.

De los 10 pesos por kilómetro recorrido que desde ahora se pagará a las empresas de colectivos, estimativamente, 45 por ciento (4,5 pesos) va dirigido al pago de mano de obra, comentó Razquín. Lo que no se puede precisar en la actualidad es qué porcentaje de esos 4,5 pesos viene desde la Nación, cuánto corresponde a los fondos del Estado provincial y qué parte está comprendida por los ingresos por venta de pasajes.

La falta de cifra certera en cada uno de estos tres componentes del salario de los choferes de colectivos tiene que ver con que la permanente remisión de subsidios nacionales ha distorsionado su constitución.