Entre tantas modificaciones al sistema de agua y cloacas, el Ejecutivo apunta a controlar los subsidios que se otorgan por el servicio a los usuarios jubilados o carenciados. La idea de Celso Jaque es "evitar financiar el derroche", considerando que las tarifas especiales no tienen en cuenta el consumo.

"La propuesta política del gobernador es evitar subsidiar el derroche. Hay subsidios directos a carenciados, que dependen del Ministerio de Desarrollo Humano, y subsidios directos a jubilados, que se gestionan con el Ministerio de Infraestructura", detalló el titular del Ente Provincial de Aguas y Saneamiento (EPAS), Javier Montoro, quien aclaró: "Hay que profundizar mucho más el sistema. Primero hay que saber cuál es la oferta y la demanda de agua para luego saber cuánto consume cada mendocino y cuánta es la cantidad de agua que hay que dar de acuerdo con cada familia, dónde se ubica y las características para otorgar subsidios. A partir de eso, deducir cuántos metros cúbicos se otorgará a cada usuario beneficiado. Esto va de la mano de la macro y la micromedición. En otros países se dan 800 metros cúbicos por día según el consumo medio".

Con esto, Montoro aseguró la conciencia a la hora de consumir agua pero también de lograr que quienes tienen un régimen especial cumplan con el consumo medido. "Lógicamente tendremos que colocar medidores y estipular un valor según el beneficiario", agregó Montoro.

No subsidiar el derroche. Por su parte, Jaque aseguró a este diario no querer que la recién estatizada empresa de aguas y saneamiento, Aysam, se convierta en un "coto político". Por ello ya analizan alternativas para ir reorganizando el sistema hídrico. "Hay usuarios que consumen en exceso y que tienen una tarifa diferencial. Vamos a analizar, uno por uno, los subsidios entregados a fin de evitar que se financie el derroche", explicó el gobernador. A esto se le sumará la colocación de medidores en el resto de la provincia para garantizar un consumo controlado.

La idea del Gobierno es, incluso, avanzar en la revisión y reorganización del sistema eléctrico que también se rige con subsidios. Una muestra en el campo eléctrico fue la modificación del horario de riego agrícola. "Esta situación impacta en el régimen tarifario porque permite evidenciar quién gasta más y quién menos, quién usa una red, quién no, quiénes se rigen por motores sobredimensionados y demás", explicó la subsecretaria de Servicios Públicos, Patricia Martínez.

Tanto para el agua como para la electricidad, el gobernador explicó que "lo ideal es evaluar, en algún momento, la posibilidad de utilizar el sistema prepago tal como ya se ha implementado en algunos países como Sudáfrica y China". No obstante, Montoro enfatizó en que la prioridad es modificar la reglamentación y avanzar en el sistema medido.

La legislación. En el tercer bimestre del 2010, la cantidad de hogares beneficiados con subsidios al agua ascendía a 4.882. La forma en que actualmente se entregan estas subvenciones es teniendo en cuenta la situación del usuario, quien deberá solicitar el subsidio tanto en el Ministerio de Desarrollo Humano como en el de Infraestructura. Ante esto, Jaque quiere que se calcule según el consumo. 

Bajó 30% el uso

Según el presidente de Aysam, Rolando Baldasso, tras la aplicación del régimen de multas y la restricción de horarios, el consumo bajó 30 por ciento. Este era el ideal por alcanzar. El número está siendo analizado por el titular del EPAS, Javier Montoro, quien aseguró: "Vamos a evaluar los efectos de las medidas". La mayor cantidad de multas fueron aplicadas en Guaymallén por el riego de jardines y veredas. "Es necesario cambiar la cultura. No es posible que se sigan regando los jardines o las veredas sin motivo alguno", agregó Montoro. 

Los municipios y pequeños operadores, en vista

Otro de los puntos que el Gobierno quiere activar es la entrega de subsidios a los operadores comunitarios y a los municipios, sobre todo para financiar la recuperación de las obras obsoletas y asegurar el sostenimiento del servicio. Para ello, el titular del EPAS, Javier Montoro, explicó que ya se está buscando financiamiento tanto en la Nación como en la Provincia para que el agua y las cloacas puedan ser prestadas en condiciones óptimas.

Al respecto, Montoro enfatizó sobre la situación de Villa Atuel, en San Rafael, donde las cañerías y las redes de agua datan de medio siglo. "Los usuarios demandaron al prestador comunitario y se le embargó 40 por ciento de la caja. Esta situación dejó inoperante al servidor y la situación es insostenible", agregó Montoro. Además, el funcionario dijo que se verá la posibilidad de financiar a Maipú, Luján y Tupungato por la "excesiva morosidad de los vecinos". 

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