Mientras las discusiones salariales con los gremios estatales más duros todavía continúa, el Gobierno dará un gesto con la intención de bajar el nivel de conflicto y mejorar la negociación en las paritarias. Se trata de la modificación del cálculo con el que se hace el descuento del impuesto de Ganancias, que permitiría exceptuar a una buena cantidad de empleados públicos del gravamen federal con el próximo aumento. 

En medio de las paritarias -ya se había acordado con el SUTE, un gremio "amigable"-, Francisco Pérez adelantó a El Sol que desde el Ejecutivo tenían "la voluntad política" de estudiar cambios en la forma en que se calcula en Hacienda la deducción de este impuesto federal. 

Dos semanas después, el Gobierno tiene un decreto que mostraría a los gremios estatales a partir de las 12 en el Salón Patricias Mendocinas. Allí se dará el anuncio oficial en el que participará el ministro Rodolfo Lafalla y otros funcionarios. No está confirmado si Francisco Pérez se sumará.

En esa instancia, los gremios tendrán la posibilidad de revisar si el borrador del decreto necesita alguna corrección antes de ser publicado en el Boletín Oficial. En las últimas semanas, el Ejecutivo había pedido a los gremios más información sobre los decretos que habían permitido esta excepción en otras provincias. De hecho, una de las bases que se tomó es un decreto de Néstor Kirchner en Santa Cruz. Aún más cuando Axel Kicillof ya descartó de plano que puedan realizarse cambios pedidos por los sindicatos nacionales. 

Qué se modifica

En el último encuentro paritario con los gremios de Salud, quedó como constancia en el acta el reclamo puntual sobre este punto. Con el próximo aumento salarial, desde Ampros indicaron que el 50 por ciento de los médicos que trabajan en el Estado tendrían que pagar este tributo.

Es decir, que el incremento prácticamente se licuaría con el pago de Ganancias -que apunta a los sueldos brutos que superan los 15 mil pesos- que, en algunos casos, llega a 5 mil pesos, aproximadamente. 

Si bien Ganancias es un gravamen fijado por la Nación, queda a la provincia fijar cómo se deduce. En este caso y hasta este momento, la base de cálculo incluía el componente remunerativo y otros ítems. Con la modificación, la deducción dejaría fuera del cálculo la asignación de clase, la antigüedad y el presentismo, entre otros, y sólo se compondría con lo remunerativo.  

Hasta ahora, desde el Gobierno nacional se había modificado el monto mínimo no imponible en los dos últimos aguinaldos como respuesta a los reclamos gremiales. Pero era una frazada corta. Si a eso le sumamos el ritmo inflacionario, los aumentos salariales logrados en paritarias en marzo pronto perdían impacto real.

Sin embargo, la medida podría llegar a suscitar algún roce con la AFIP, puesto que implicaría un descenso en los ingresos de las rentas nacionales. Por eso, una posibilidad que se baraja es que el acuerdo vaya a paritarias, logre consenso con los gremios y de allí pase a ser homologado por la Legislatura. Así, el Gobierno provincial toma distancia y evita más choques con la Nación. 

Bajar el conflicto gremial

El reclamo de los estatales mendocinos comenzó el año pasado, ya que quedaban en desigualdad de condiciones con los empleados del Poder Judicial y de la Legislatura, que ya cuentan con esta posibilidad.

En esta última instancia, con las paritarias encima, el ministro de Hacienda Juan Gantús derivó los reclamos al asesor de Gobierno, César Mosso Gianini, que daría el visto bueno pero agrega que se trata de una decisión política del gobernador otorgar este beneficio.

Con esta medida, el Gobierno busca aliviar los reclamos en la mesa de negociación de paritarias, donde ha recibido una seguidilla de rechazos a las ofertas salariales. De hecho, ATE y Ampros ya han confirmado que participarán del paro nacional del 31 de marzo y con esta medida el Ejecutivo busca evitar que las medidas de fuerza se prolonguen en el tiempo.