El oficialismo trabaja en un proyecto de ley para regular la venta de misoprostol, una droga utilizada, entre otras funciones, para casos de inducciones de abortos, abortos en embarazos anembrionados y para casos de trabajo de partos, aunque también se utiliza para interrupciones de embarazos.

Su venta está prohibida desde 2009 en Mendoza y solamente puede utilizarla el Estado. Según fuentes del Ministerio de Salud, sólo en nuestra provincia y en San Juan pesa tal prohibición.

Al Estado le cuesta cerca de $ 1.500 la caja de 16 comprimidos, en el mercado ilegal se puede triplicar su valor.

Un día después del rechazo del proyecto de aborto legal, la ministra Elisabeth Crescitelli anunciaba que el oficialismo empuja la venta bajo receta archivada del medicamento que sirve para abortar, flanqueada por el titular de la cartera de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein, quien ayer estuvo en la provincia.

“En los hospitales públicos lo manejamos -no en atención primaria- y se está trabajando en conjunto con la Legislatura para la venta al sector privado”, explicó la funcionaria. 

Quien está trabajando en un proyecto es la legisladora radical Ana María Andía, quien integra la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y se estima que en las próximas semanas presentará la iniciativa, con aval del Ejecutivo, en comisiones. 

“Estoy más que convencida que la ley debe ser derogada así que confió en que el Poder Legislativo lo haga”, finalizó Crescitelli.

La ministra también anunció que este año los hospitales públicos de la provincia realizaron 8 abortos de los considerados no punibles, más conocidos como “interrupción legal del embarazo” (ILE).

En dos años, 15 interrupciones legales del embarazo

En los últimos 2 años se realizaron 15 interrupciones legales del embarazo (ILE) a través de esta guía.

Siete de ellos se realizaron el año pasado; en lo que va de este año se han realizado ocho de esas prácticas.

En todos los casos se trata de embarazos producidos en ocasión de abusos sexuales.