Con el trasfondo de una brecha cambiaria que supera el 90% entre el dólar oficial y el paralelo , un superávit comercial que en el primer trimestre del año se desplomó a la mitad y las reservas del Banco Central en su nivel más bajo de los últimos seis años, el Gobierno anunció ayer un proyecto de ley con el que busca atraer dólares a la economía por medio de un blanqueo de fondos no declarados que quedarán exentos de penalidades tributarias.

Con esta medida, que tuvo un antecedente similar en 2009, el Gobierno pretende dinamizar dos sectores que vienen presentando números rojos : el sector inmobiliario, cuyas ventas se desplomaron como consecuencia de las trabas oficiales a la compra de moneda extranjera, y el sector petrolero, cuyas crecientes importaciones explican la mayor parte de la caída del saldo comercial en lo que va del año.

En el anuncio, que se realizó en la sede de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), participó por primera vez el equipo económico en pleno : el ministro de Economía, Hernán Lorenzino; el viceministro, Axel Kicillof; el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray; la presidenta del Banco Central (BCRA), Mercedes Marcó del Pont, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Lorenzino presentó la medida como un sistema para invertir en "sectores estratégicos" y explicó que el proyecto, enviado ayer al Congreso, consiste en la creación de dos "instrumentos financieros" para quienes tengan divisas no declaradas, tanto en el país como en el exterior. El primer instrumento es un certificado de depósitos en dólares (Cedin) para fomentar las inversiones inmobiliarias, y el segundo es un bono, también en dólares, cuyos recursos se destinarán al sector energético.

Según Marcó del Pont, el objetivo del Cedin es utilizar "recursos ociosos" para "retomar el dinamismo del sector de la construcción". Las personas físicas o jurídicas que ingresen en el blanqueo deberán depositar las divisas no declaradas (o transferirlas desde el exterior) en un banco, que entregará un Cedin por el monto correspondiente. Los recursos captados por esta vía estarán sujetos a un encaje del 100% en el BCRA (es decir, los bancos no los podrán usar para financiar créditos), pero para convertir los certificados nuevamente en dólares se deberá acreditar que se hizo una inversión inmobiliaria.

Kicillof puso un ejemplo: una persona que quiere comprar un departamento y tiene dólares no declarados los deposita en el banco y recibe a cambio un Cedin, con el cual paga al vendedor del inmueble. Este, según los funcionarios, podrá convertir el papel nuevamente en dólares. Con esto, el Gobierno quiere lograr que los dólares no declarados ingresen a una economía cuya fuente de acceso a divisas actualmente se limita a un menguante superávit comercial. Los certificados, explicó la presidenta del BCRA, estarán a beneficio del portador y serán endosables.

Ante una pregunta de LA NACION sobre la confianza que pueden tener los ahorristas en el uso que se dará a los dólares, dado que las reservas del BCRA perforaron el piso de US$ 40.000 millones, los funcionarios aseguraron que las reservas se encuentran en un nivel adecuado. Esto, pese a la batería de medidas que se han adoptado para limitar la fuga de capitales.

Con esta medida, además, se espera reactivar las ventas de inmuebles, que, según el Colegio de Escribanos porteño, cayeron 27% en 2012 y 41,3% adicional en el primer trimestre de 2013. La construcción, otro sector afectado por el cepo cambiario, se contrajo 3,2% en 2012, según el Indec, y en el primer trimestre del año acumula una baja de 1,3 por ciento.

Según explicó Lorenzino, los bonos vencerán en 2016 y pagarán, cada seis meses, un interés de 4% anual. El objetivo de esos papeles, que tendrán nominaciones de 100, 1000 y 10.000 dólares, será movilizar recursos hacia el sector energético. En los primeros tres meses del año, según el Indec, las importaciones de combustibles sumaron US$ 2090 millones, 57% más que un año atrás. Lorenzino mencionó puntualmente a YPF como posible receptora de los fondos.

Echegaray explicó las condiciones de la "exteriorización voluntaria" de las divisas sin declarar. El proyecto está pensado tanto para personas físicas como jurídicas y se aplica para las tenencias al 30 de abril o para el dinero producido con la venta de otros bienes en el exterior (como inmuebles o acciones). El jefe de la AFIP destacó que todos los fondos que ingresen en el país a través del blanqueo quedan eximidos de la carga tributaria que correspondía a las actividades con las que se generaron esos fondos, que además están liberados de sanciones por la leyes penal cambiaria y tributaria.

Quienes quieran adherirse al régimen tendrán un plazo de tres meses para ingresar el dinero a partir de la promulgación de la ley,

Echegaray explicó que quienes ingresen en el blanqueo no deberán rectificar sus declaraciones juradas sino que la diferencia patrimonial deberá incorporarse en las declaraciones de 2013. Y se refirió al antecedente de 2009, cuando 32.000 personas físicas y 3800 jurídicas "se animaron" a ingresar en el blanqueo, que produjo un ingreso de US$ 4000 millones.

El funcionario aclaró que no podrán participar quienes pretendan ingresar dinero proveniente del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, querellados o imputados penalmente por esos delitos y los funcionarios públicos de todos los niveles y sus familiares.

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