Buenos Aires. El Gobierno lanzó ayer un nuevo plan de control a empresas, denominado Indicador Mínimo de Trabajadores (IMT), para disminuir la cantidad de empleados en negro, que ya alcanzan los 4,5 millones en el sector privado.
El Ministerio de Trabajo y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) cruzarán información de las empresas para controlar que estén operando con planteles registrados.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, por su parte, aseguró que la política laboral del Gobierno busca “impulsar la generación de trabajo, pero no de cualquier trabajo, sino de empleo registrado con respeto por todos los derechos de los ciudadanos”.

“En las décadas pasadas se había naturalizado el trabajo no registrado en la Argentina”, cuestionó Tomada, tras destacar la iniciativa para controlar que las empresas no contraten “en negro” y para que regularicen a sus operarios no declarados.
Los entes públicos controlarán, por ejemplo, la cantidad de trabajadores de una compañía según el nivel de producción, horas de actividad y consumo de insumos, con el objetivo de “detectar y sancionar a quienes planifican nocivamente la relación laboral”.
Así lo explicó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien añadió que el objetivo es detectar y sancionar a quienes “planifican nocivamente la relación laboral” en detrimento de los derechos de los trabajadores y de la sana competencia.
A través de los análisis, los entes establecerán la cantidad mínima de empleados que deberá tener una compañía para operar, y todos ellos tendrán que ser inscriptos por sus empleadores y recibirán la cobertura social que indica la legislación laboral. Al preparar el nuevo sistema, la AFIP y Trabajo analizaron empresas del sector de la construcción y de la industria textil, donde detectaron graves maniobras destinadas a la evasión fiscal por vía del incumplimiento de los aportes patronales.
En la construcción, analizaron un caso en el que una compañía terminó una obra de 10.000 metros cuadrados en un plazo de 24 meses con sólo cuatro trabajadores registrados, cuando en realidad había ocupado a 61 operarios.
Echegaray explicó que estas estrategias de control corresponden al Plan Antievasión 2, puesto en marcha en el 2006 y suspendido durante el 2009 por el impacto de la crisis mundial en la Argentina.
En los controles participarán más de 1.800 ex empleados de las ya desaparecidas administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) que pasaron a desempeñarse en diferentes aéreas del Estado.


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