A más de dos meses del histórico fallo de la Corte Suprema que autorizó la realización de abortos en todos los casos de violación sin que medie una autorización judicial, el Gobierno mendocino todavía no concretó la elaboración de un protocolo que habilite esta práctica en la provincia.

Desde la Gobernación reconocieron que el ministro de Salud, Carlos Díaz Russo, todavía no firma la resolución respectiva. No obstante, la misma fuente oficial aseguró que la Provincia ha cumplido con el mandato del fallo en al menos tres casos particulares de mujeres violadas. Entre las particularidades del fallo, se aclara que no es necesario que la mujer atacada sea "idiota o demente" para practicarle el aborto.

No hubo más detalles y el Ministerio de Salud de la provincia guardó estricto silencio, a pesar de que Mendoza apareció ayer mencionada en un crítico informe del diario porteño Página 12 sobre el tema.

El matutino indicó que nuestra provincia se encuentra en el lote de distritos que están en camino de definir un instructivo para aplicar el fallo de la Corte, pero a la par indicó que en Mendoza, así como en Tucumán y San Juan, hay "fuertes presiones de sectores conservadores" para evitar que el protocolo salga.

Ante esta publicación, el gobernador Paco Pérez reaccionó, pero evitó dar precisiones: "Yo ya di una decisión y una opinión, y la seguimos manteniendo. No me guío por los diarios", expresó ante la consulta de la prensa.

Reacciones de Paco. Lo cierto es que, si hay que buscar en el archivo reciente, Paco Pérez reaccionó en contra de la generalización del aborto no punible cuando surgió el fallo de la Corte.

"La interpretación del artículo 86 del Código Penal realizada por el alto tribunal nacional, que admite interrumpir el embarazo de una mujer violada sin tener en cuenta si es discapacitada mental o no, es aplicable sólo a un caso concreto, porque no es una legislación, y nosotros nos regimos por leyes provinciales y nacionales", expresó el mandatario el 23 de marzo pasado.

De esta manera, Pérez se alineó explícitamente con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien realizó la misma lectura del fallo y restringió su impacto a un solo caso.

Pero la polémica no terminó allí, dado que tanto Pérez como Urtubey tuvieron que revisar sus posiciones sobre el aborto no punible muy poco después, a la luz del propio fallo de la Corte, que es bastante explícito sobre su alcance.

En este sentido, el apartado 29 de la sentencia señala que "corresponde exhortar a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos,mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos".

Lenta marcha. El artículo de Página 12 señaló ayer que el protocolo de Salta para los abortos no punibles se dio a conocer el martes en el Boletín Oficial.

Según la nota, el gobernador Urtubey insistió en la judicialización del aborto, ya que la mujer violada que quiera abortar sin haber hecho la denuncia policial, deberá dar una declaración jurada en presencia del Ministerio Público para acceder a la práctica.

¿Seguirá Mendoza el mismo camino que Salta? No hay ningún indicio al respecto. Paco Pérez puso a tres ministros a trabajar en el instructivo a comienzos de abril, pero les exigió silencio absoluto. Y la premisa se mantiene hasta hoy.

El líder del equipo es el titular de Salud, Díaz Russo, quien no respondió hoy a las consultas de este diario. Quienes lo acompañan en la misión son Guillermo Elizalde, de Acción Social, y Félix González, titular de Gobierno.

Uno de estos tres ministros señaló en estricto off the record a principios de abril que el Gobierno provincial no tenía otra alternativa que allanarse al fallo y elaborar el instructivo, pero aclaró que el protocolo haría hincapié en la existencia de una alternativa: el "kit" que permite suministrarles la pastilla del día después a las mujeres que fueron violadas.

También anticipó el ministro que el protocolo se abocaría especialmente a los casos de violencia intrafamiliar e hizo una promesa que a esta altura ya incumplió: señaló que el protocolo estaría listo en las primeras semanas de abril.

El palo

En una extensa nota de la periodista Mariana Carabajal, del filo K diario Página/12, se cita a Mendoza en medio de una enumeración de la situación del protocolo del aborto no punible en varias provincias.

El párrafo que menciona a la provincia dice textualmente: "Tierra del Fuego anunció que adheriría a la Guía de la Nación –aunque todavía no se dio a conocer ninguna resolución que avale esa decisión–, igual que San Juan, Tucumán y Mendoza, tres jurisdicciones donde hay fuertes presiones de sectores conservadores para impedir que se aplique. Mientras tanto, desde el Gobierno de La Rioja están pidiendo al Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable copias de la guía nacional para aplicarla en los hospitales provinciales".

Lo anteriormente citado forma parte de una nota principal que tiene que ver con la estrategia de la Iglesia católica para frenar el fallo de la Corte. Dice el diario: "En las provincias, los obispos buscan frenar la implementación de los protocolos hospitalarios. Y en el Congreso ya hay proyectos para obstaculizar los abortos no punibles".

La sentencia

El apartado 29 de la sentencia de  la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del aborto nopunible dice claramente: "Corresponde exhortar a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles, a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas de acceso a los servicios médicos".