El gobernador dijo ayer que su intención no es vetar ninguna ley que tenga rigor legislativo, pero aclaró que se debe trabajar aún más en el proyecto que prevé limitar las salidas transitorias a los delincuentes que hayan cometido delitos violentos. La objeción principal, según el mandatario, es que se han realizado varias observaciones en el escrito original del diputado radical Luis Petri y puede ser determinado como inconstitucional. "Existen muchas aristas que discutir, queremos que salga una buena ley y que luego no tengamos conflictos en la Corte, a través de manejos legales", expresó Pérez.

Además, dijo que mantiene conversaciones con la Suprema Corte y que existen varios conflictos con el área de ejecución de la posible ley. "Vayan a ver al juez de Ejecución, hay uno sólo para los cinco penales", comentó Pérez, aunque la Provincia posee dos jueces de Ejecución: la doctora María Inés Vargas Romero y Eduardo Mathus. También confirmó que se reunirá con el vicegobernador Carlos Ciurca y con los presidentes de los bloques justicialistas para determinar las posturas que se van a tomar con respecto a este proyecto que se tratará hoy en Diputados.

La iniciativa de Petri, que apunta a hacer más restrictivas las salidas transitorias de los detenidos en los penales, fue aprobada en general en la última sesión de la Cámara Baja –la que se realizó antes del receso invernal– y para hoy debe retomarse el tratamiento en particular de los 273 artículos que contiene. El oficialismo presentará hoy su propio despacho, que ha sido elaborado en los últimos días y que se hará público en una conferencia de prensa que se realizará antes del inicio de la sesión de hoy, posiblemente al mediodía.

En la previa al debate de esta iniciativa, las opiniones del Ejecutivo provenientes tanto de la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda; de Derechos Humanos, María José Ubaldini, y del director del Servicio Penitenciario, Sebastián Sarmiento, fueron contrarias al proyecto radical. Para hoy, el oficialismo desplegará una estrategia que se basará en discutir cada uno de los 273 artículos de Petri, pedir que no se desadhiera a la ley nacional 24.660, por la que se rigen las salidas transitorias hasta hoy, y recalar en la inconstitucionalidad de la norma.

También, el diputado del Peronismo Federal, Daniel Cassia, pondrá a consideración un despacho propio que, según su autor, es mucho más severo que el escrito por Petri. Cassia también aprovecha la ocasión para recordar que en el 2006 presentó una iniciativa similar a la que hoy se debate, pero que el entonces gobernador, Julio Cobos, y el gabinete de Seguridad lo rechazaban por no estar alineado con la política que marcaba el kirchnerismo.

El oficialismo quedó en un callejón sin salida ante el proyecto de Petri, ya que los diputados radicales y los demócratas se pusieron de acuerdo en esta idea y contaron con los votos necesarios para imponerla. A las diferencias numéricas, el oficialismo sumó la dificultad de acordar una postura ideológica sobre la restricción de salidas transitorias, ya que algunos de sus legisladores, por ejemplo los camporistas Marina Femenía y Lucas Ilardo, no avalaron la iniciativa de Petri por no estar dentro de lo que se considera una política de resociabilización.

En cambio, otros de sus pares sintieron la presión pública y también política, para dar una clara señal a la sociedad de que se debaten normas que aplaquen el clamor de seguridad. La repetición de casos delictivos –en muchos de ellos con homicidios de por medio– donde los delincuentes que actuaron son internos penitenciarios que violaron el beneficio de salidas transitorias para cometer ilícitos, le agrega profundidad a las decisiones del oficialismo. También, en las últimas horas apareció la polémica planteada a nivel nacional sobre internos carcelarios que salen para actividades culturales de marcado tono oficialista (ver aparte).

Ayer, una vez más, el gobernador expuso que los problemas de inseguridad tienen que ver con el "entramado social" y no con la inseguridad. "Si no analizamos la complejidad de la sociedad no podemos comprender lo que sucedió con el chico agredido casi fatalmente en un boliche ni lo del asesinato de la mujer en Lavalle. Son cuestiones muy profundas", aseguró.

Si bien no quiso realizar grandes polémicas con respecto al proyecto de Petri, al que se refirió como su amigo y compañero de estudios en la Universidad de Santa Fe, expresó que la medida no será retroactiva a los presos que ya se encuentran condenados ni procesados, sino que la posible nueva legislación alcanzaría sólo a quienes cometan delitos luego de aprobada la normativa.

Por su parte, hizo un mea culpa con respecto a los resonantes casos que hoy acontecen en la provincia y señaló la necesidad de realizar un mejor seguimiento de los condenados y de aquellos que se intentan reinsertar en la sociedad. "En los últimos casos se nota que ha fallado toda la estructura del Estado, desde la política penal hasta los de contención", confesó el mandatario. Y finalizó pidiendo a los legisladores que trabajen para lograr una buena ley: "Yo les pido que logremos la mejor ley. Hay que entender que si es una ley inconstitucional o inaplicable seguramente muchos recurrirán, por ejemplo, con una declaración de certeza de la Corte Nacional y puede declararla inconstitucional".

Además, explicó que se debe tener gran cuidado porque muchas cosas dependen de interpretaciones políticas que pueden ser utilizadas por algunos abogados defensores para dejar en la calle a delincuentes. Por su lado, el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, se mostró a favor del proyecto. Sin embargo, recalcó: "Hay que evaluar artículo por artículo si la norma es aplicable ahora o recién a partir de las nuevas sentencias. También hay que fijarse que no ataque la constitucionalidad".