MAR DEL PLATA.- Un nuevo digesto jurídico, una ley orgánica para el Servicio Penitenciario y las reformas de los códigos Penal y Civil y Comercial . Y, también para este año, el tratamiento y la aprobación de los códigos de procedimiento penal y contencioso administrativo. En el cierre del Congreso Federal de Reformas Legislativas, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, cosechó aplausos con promesas ante demandas históricas de los operadores del sistema judicial. Pero aprovechó el encuentro para mostrar una mirada política y ratificar la presencia del Estado y de la Justicia para garantizar el pleno ejercicio de derechos de los ciudadanos ante los aumentos de precios.

"Hay que tutelar la plena vigencia del derecho del consumidor y el usuario", afirmó el funcionario, al advertir que el escenario actual exige un Estado "con capacidad regulatoria para regular la posición de monopolios, oligopolios y la defensa de la competencia para que nadie pueda imponer arbitrariamente un precio y altere el funcionamiento de la cadena económica y comercial".

Capitanich acompañó al ministro de Justicia, Julio Alak, y al secretario del área, Julián Álvarez, en la clausura del encuentro que reunió a más de 200 participantes, entre ministros, magistrados, fiscales y funcionarios de todo el país. Respaldó la modificación del Código Procesal Penal y de la ley del Servicio Penitenciario y la creación del primer Código Procesal Contencioso y Administrativo Federal.

El funcionario filtró la coyuntura política a partir del combate que el Gobierno libra para controlar incrementos en los precios de mercaderías y servicios, en un ámbito donde los especialistas -muchos de ellos extranjeros que acercaron experiencias de sus países- se reunieron para plantear y exigir cambios necesarios que permanecen pendientes en el fuero federal.

"Venimos de frustraciones, con 30 años trabajando por la reforma y la angustia de no haber logrado nada", planteó Ángela Ledesma, jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, quien contrastó esta falta de avances con los logros de provincias que ya implementan el sistema acusatorio, que se considera más productivo y ventajoso que el actual inquisitorio que se aplica en la justicia federal.

"Todos tienen que ser profetas de esta reforma", demandó la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, al detallar los beneficios de la reforma del Código Procesal Penal Federal.

Antes del cierre político, Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), pidió que los cambios en el fuero contencioso administrativo protejan a los que están en desventaja social. Criticó la "demagogia punitiva" y avaló el sistema acusatorio, "pero sin enamorarse de los instrumentos". Puso como ejemplo la provincia de Buenos Aires, donde el mecanismo está en práctica, pero con un sistemático incremento en la cantidad de detenidos. "Ya sobrepasó los 30.000 en cárceles y otra vez hay 1500 en comisarías", recordó. De ellos, dijo, el 70% está sin condena y el 25% será sobreseído.

Alak, al cerrar el congreso, valoró estas reformas y la diversidad de voces escuchadas para encontrar el proyecto más adecuado. "Hay expectativas para que estos tres proyectos, los dos códigos y el de sistema penitenciario se hagan realidad", anticipó. Para ello pidió a los actores y operadores de la Justicia "tender un puente al Congreso de la Nación" en pos de consensos y la aprobación de estas iniciativas.