El Gobierno quiere retomar el control sobre los servicios de los anestesistas, problema que le impide en gran medida solucionar la lista de espera quirúrgica de los hospitales públicos.

Un camino político que ensaya es la ley de emergencia anestesiológica, que está en pleno análisis en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, ámbito en el cual hoy será realizada una nueva reunión entre legisladores, la subsecretaria de Salud, Fanny Sarobe, y la Asociación Mendocina de Anestesiología.

Y otro, pero no excluyente, alinearlos a todos estos profesionales bajo un solo mecanismo de liquidación de haberes, algo que ya intentaron en la gestión de Celso Jaque sin éxito.

De aprobarse la ley, reafirmaría la autoridad del Estado para matricular anestesistas, distribuirlos según las necesidades regionales, en la cantidad y en los servicios que crea conveniente, como así también nombrarlos en la planta permanente de los hospitales. Todas estas tareas están instrumentadas desde lo formal por el cuerpo de leyes que rigen la actividad médica en general. Sin embargo, en terreno las cosas son diametralmente opuestas.

Es la Asociación Mendocina de Anestesiología la que negocia con el gobierno de turno qué cantidad de residentes debe formar y en qué centros asistenciales. De lo contrario, declara que el centro formativo no está en condiciones de hacer dicha tarea y por lo tanto, los residentes no son matriculados por ese organismo gremial, es decir, no pueden trabajar en ningún hospital público o privado.

Por ejemplo, en el llamado 2012 para las residencias de esta especialidad hubo tres cambios de cupos. La resolución ministerial Nº332 hablada de 10 lugares, pero tiempo después otra resolución, la 650, estableció que serían la mitad. El escándalo fue tal entre la AMA, los hospitales y el Ministerio, que cerraron en siete lugares para hacer las residencias de anestesia, según una seguimiento del tema que hizo en ese momento el senador Armando Camerucci.

En este esquema que el propio Estado ha permitido durante años y ahora pretende romper, la AMA regula la cantidad de anestesistas de la provincia, número que siempre es bajo para mantener los altos ingresos de la especialidad.

Pero también para sostener el poder negociador de la misma ante el Estado, las obras sociales y los centros asistenciales, incluidas las clínicas. Como consecuencia, si no logran imponer los honorarios pretendidos, en cualquier efector, público o privado, simplemente no trabajan.

Y por supuesto, ninguno de sus afiliados rompe esta regla de oro.

Mientras la AMA hace silencio ante los medios, desde el Ministerio de Salud están en pleno estudio de la cantidad de horas y anestesistas que actualmente trabajan para intentar encausar el problema.

Oscar Renna, director de Hospitales de la provincia, comentó que están analizando, “caso por caso, dónde y cómo prestan el servicio los anestesistas para tener la información centralizada de todos los hospitales. Con esta información sabremos cuántas horas más debemos hacer funcionar los quirófanos para atender la demanda”.

La solución de la presión que imponen los anestesistas es clave para la gestión ministerial para detener que el ejemplo se extienda a otras especialidades.