Bajo la gestión del viceministro de Economía, Axel Kicillof, el Gobierno volverá a utilizar una vieja herramienta de éxito dudoso para apuntalar la producción local de gas natural: favorecerá a las empresas que aumenten la oferta con el pago de un precio mayor por el volumen adicional que incorporen al mercado, pero los recursos adicionales saldrán de las arcas del Estado, a través de subsidios.

Los lineamientos básicos del nuevo marco para la industria del gas están compendiados en la resolución 1 de este año, que publicó ayer la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, un organismo creado el año pasado y que conduce el triunvirato compuesto por Kicillof; el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el de Energía, Daniel Cameron. Implica el desplazamiento del programa Gas Plus, que creó hace años el ministro de Planificación, Julio De Vido.

El texto de la resolución indica que las petroleras recibirán US$ 7,50 por millón de BTU (la unidad de medida) para toda oferta excedente (por encima de la denominada inyección base, que se calculará en cada caso). Ese número triplica el precio promedio que, por ejemplo, reciben las compañías con actividad en la provincia de Neuquén, el mayor pulmón energético del país. Pero está por debajo de los US$ 11 que se paga la importación de Bolivia o los más de US$ 18 que llegó a costar el gas licuado que llega por barco. Encierra, sin embargo, un ítem conflictivo: el Estado sólo se hará cargo de pagar la diferencia entre el precio de venta real y los US$ 7,50.

Para acceder al beneficio, las empresas deben presentar ante la Comisión proyectos de "aumento de la inyección total de gas natural". Tienen tiempo hasta el 30 de junio. Los acuerdos no pueden exceder los cinco años, si bien los cálculos de producción son mensuales.

Un empresario petrolero que aún no definió si participará de la propuesta planteó quejas a ese mecanismo: "No hay ningún incentivo para vender mejor el gas, porque todo el mundo va a recibir, más tarde o más temprano, el precio que ofrece el Gobierno para la producción excedente", sostuvo.

La resolución difundida ayer le da un marco institucional al anuncio que hizo la presidenta Cristina Kirchner en la 18a. Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), a fines de noviembre. Hasta ahora, sólo dos empresas se habían sumado al convite oficial: la estatal YPF y Pan American Energy, conducida por la familia Bulgheroni, mediante sendos acuerdos con el Gobierno.

Durante los últimos dos meses, el coordinador general del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, mantuvo reuniones con el resto de las empresas para sumarlas.

Para el ex secretario de Energía Jorge Lapeña, la resolución "no contempla un incremento del precio para los usuarios; es decir que el precio estímulo lo pagará exclusivamente el Estado con fondos que hoy no posee, de acuerdo con lo que dicen las cuentas del presupuesto 2013, que los funcionarios firmantes seguramente conocen". Y completó: "Me preocupa que un precio de este nivel se pague a producción de yacimientos convencionales, en el contexto actual donde el Estado tiene muy poco conocimiento sobre el inventario real de las reservas de gas que en el país administran las empresas privadas y las provincias".

Fuerza mayor

Otro punto inquieta sobremanera a las petroleras: si no cumplen con la inyección adicional de gas, deberán pagar un costo altísimo. De acuerdo con la norma que vio la luz ayer, las propias empresas deben elegir el castigo, que puede ser encargarse por su propia cuenta de la importación de gas natural licuado -LNG, que llega por barco- o el pago al Estado de la diferencia entre el precio del LNG y el valor de la inyección excedente. Cualquiera sea la opción, puede obligar a la compañía que no alcance los niveles prometidos de producción excedente a pagar más por su error que el dinero que recibiría como estímulo en caso de ser exitosa.

Desde otra petrolera mostraron inquietud por la falta de una referencia a los hechos de fuerza mayor. El sector petrolero suele sufrir problemas en la producción por protestas gremiales. En 2011, por caso, un paro en la zona norte de Santa Cruz ocasionó pérdidas cuantiosas. "Situaciones de ese tipo no están consideradas en los acuerdos que se están firmando", lamentó un empresario.

Para el mercado petrolero, la resolución está hecha con un criterio basado en el sostenimiento de la balanza comercial. Según los últimos datos de la Secretaría de Energía, que conduce Daniel Cameron, el año pasado el país importó gas por 4697,8 millones de dólares, 60% más que en 2011 y un 37% del saldo comercial de 2012, como informó La Nacion el lunes. En un país con escasez de billetes norteamericanos, que los cuida mediante medidas tan impopulares como el cepo cambiario, es una enormidad.

De manera que las retribuciones al sector privado a través de subsidios le permitirán al Gobierno, de acuerdo con sus cálculos, ahorrarse la fuga de divisas que implica el pago de las crecientes importaciones de gas.

En sus considerandos, la resolución 1 de 2013 reconoce explícitamente algunas cuestiones que el Ministerio de Planificación niega a través de malabares retóricos. Entre ellas, que en el caso del gas natural la producción "local de este recurso estratégico no logró acompañar la creciente demanda interna, sino que, al contrario, registra una tendencia decreciente a lo largo de los últimos años". Y que las reservas muestran una caída sostenida.

Sin ir más lejos, el lunes, Baratta había criticado una nota publicada por LA NACION que señalaba, entre otras cosas, los problemas que traía aparejados el déficit de gas para el saldo comercial argentino.

EL PETRÓLEO, TAMBIÉN EN BAJA

Los números de la producción petrolera permiten sacar conclusiones diversas de acuerdo con quién los analice. Un informe del Instituto General Mosconi remarca que el "desempeño de la producción de petróleo en el mes de diciembre de 2012 ha sido notablemente negativo", con una caída de 6,05% con respecto al mismo período de 2011. En tanto, la producción de YPF en el último mes del año cayó 2,89%. Su presidente, Miguel Galuccio, esgrimió sin embargo una mirada positiva con respecto a esos guarismos. Destacó que el resultado de la empresa se compara con una caída de 8% en 2011, cuando estuvo bajo la gestión de la española Repsol.