“El nuevo Indice de Precios al Consumidor es una política de Estado”, afirmó el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. El funcionario arribó ayer a Washington para participar de la asamblea anual conjunta del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), pero el objetivo del viaje está puesto en avanzar en la implementación del nuevo Indice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPC-Nu) y destrabar créditos de los organismos multilaterales. La presentación de los últimos avances del nuevo indicador de precios que reemplazará la cuestionada medición actual busca despejar la amenaza de una sanción al país por parte del Fondo. Por eso, las autoridades del organismo estadístico, Ana María Edwin y Norberto Itzcovich, se sumaron a la comitiva oficial. En paralelo, el titular del Palacio de Hacienda aprovechará su visita para avanzar en las negociaciones con las empresas que tienen sentencias contra la Argentina en el Ciadi, el tribunal arbitral del BM.

El acercamiento a los organismos internacionales busca facilitar el ingreso de divisas al país en un momento de tensiones externas por las crecientes importaciones de combustibles y la caída en las reservas del Banco Central. Ayer Lorenzino participó del V Encuentro de Ministros de Hacienda de América y el Caribe, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Allí, mantuvo una serie de reuniones privadas con la directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, y con el director del Hemisferio Occidental del organismo, Alejandro Werner, con quienes volverá a verse hoy para abordar temas vinculados al Indec. El funcionario también se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, y con el vicepresidente de América latina y el Caribe del Banco Mundial, Hasan Tuluy, con quienes abordó las cuestiones vinculadas a nuevos créditos.

“Las consecuencias para los procesos de reestructuración de la deuda soberana de los países se verán afectadas, tal como lo expresó el gobierno de Francia en su presentación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos”, sostuvo Lorenzino en referencia a un posible fallo favorable a los fondos buitre. Además de los directivos del FMI, BID y BM, el funcionario mantuvo una conversación informal con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Jack Lew, y con la subsecretaria de Asuntos Internacionales del organismo, Lael Brainard. El Gobierno pretende que la administración norteamericana realice una presentación similar a la francesa que fortalezca los argumentos del país en la puja con los inversores especulativos. “Un 0,45 por ciento de los acreedores, con un claro objetivo especulativo, quiere poner en riesgo a un país, a una sociedad, a una economía entera, y esto, como nación soberana que somos, resulta inaceptable”, apuntó el ministro, que reclamó la existencia de un mecanismo internacional para la reestructuración de deudas.

Por su parte, las autoridades del Indec se reunieron con técnicos del Departamento de Estadísticas del FMI. Las consultas de los especialistas del Fondo convocados por el Gobierno para colaborar y evitar una sanción del organismo giraron alrededor de aspectos técnicos puntuales vinculados a la encuesta de gastos (el insumo para el IPC), los criterios de estacionalidad, la elaboración de las canastas de consumo y el peso otorgado a diferentes artículos en el futuro indicador. Se trata de consultas que, desde el equipo económico, consideran que vienen siendo cubiertas sin inconvenientes por el Indec.

El Departamento de Estadísticas debe elaborar, bajo la supervisión del políticamente más influyente Departamento del Hemisferio Occidental conducido por el economista Alejandro Werner, un informe sobre el nuevo índice de precios de alcance nacional. Ese documento será entregado a la titular del Fondo en noviembre y, ese mismo mes, Lagarde se lo comunicará al directorio donde deben decidir si avanzan o no con las sanciones al país. Desde Economía mantienen “buenas expectativas” sobre el contenido de ese informe. En el marco del acercamiento con el FMI, el Gobierno está evaluando la posibilidad de que el organismo vuelva a realizar el análisis de la economía local contemplado por el artículo IV de su estatuto. El país rechaza esa auditoría desde 2006, pero en el nuevo escenario aceptaría una visita de bajo perfil que realice la evaluación.