La idea es discutir políticamente pero al mismo tiempo presionar socialmente. Mientras el radicalismo se niega a debatir la reforma constitucional aduciendo que su negativa se debe a que la sociedad no la está reclamando, el oficialismo decidió mostrarle lo contrario mediante la obtención del apoyo de diversos colegios profesionales, organizaciones intermedias y sociales.

Al mismo tiempo, crecen las especulaciones en la Legislatura y el oficialismo cuenta con el ábaco los votos necesarios para que se apruebe la tan mentada reforma constitucional.

La primera en mostrar su apoyo a la reforma constitucional fue la Universidad Nacional de Cuyo. De hecho, Pérez se reunió con miembros de todas las casas de altos estudios para hablar de la reforma constitucional y les pidió su opinión.

Hasta el momento, la única que opinó fue la UNCuyo, que incluso presentó un escrito con los diversos puntos que para sus catedráticos tenía que tener la reforma, muchos de ellos, figuraron después en el proyecto que presentó el Ejecutivo en la Legislatura provincial.

En tanto, el sábado fue el turno del Sindicato de Contratistas de Viñas y Frutales de mostrar el apoyo a la reforma constitucional que promueve el Gobierno provincial.

No es casual que este gremio haya apoyado los cambios que busca hacer el Ejecutivo. De hecho, los sindicatos son uno de los sectores que más quiere el Gobierno ganar en cuanto a la discusión por la modificación.

En este sentido, hace unos días, la Provincia logró que la Confederación General del Trabajo (CGT) de Mendoza, a cargo de Rodolfo Calcagni, diera su apoyo, no sólo a las modificaciones a la Carta Magna provincial, sino también a una posible reelección para el gobernador y el vicegobernador.

“Lo más importante es tener el apoyo de la gente. Avanzar con el pueblo”, explicó el gobernador Francisco Pérez, quien agregó que, a pesar de la negativa radical a discutir la reforma y que fue reafirmada en el congreso partidario realizado el sábado, se está trabajando “en la búsqueda de consenso con la comunidad de Mendoza, demostrando que es una reforma que tiene que ver en un 80 por ciento en la inclusión de derechos que no están en nuestra Carta Magna”, explicó el mandatario.

El mismo gobernador reconoció que se está trabajando con diferentes colegios de profesionales, como el de abogados, y también con entidades intermedias y organizaciones sociales, en busca del apoyo de estos a la reforma.

Incluso jueves y viernes, durante la 5ª Conferencia Nacional de Jueces, el Gobierno llevará la discusión por la reforma y como afectaría esta al Poder Judicial.

Al respecto, Pérez recordó que la reforma constitucional incluye el juicio por jurados y la autarquía judicial, lo que tiene que ver con los recursos económicos que manejará el Poder Judicial cada año.

El encuentro de magistrados reunirá a 500 jueces de todo el país y será presidido por el miembro de la Corte Suprema de la Nación Ricardo Lorenzetti, quien será acompañado por sus pares Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco.

“Esto no se agota en una jornada ni en un Congreso”, explicó Pérez, recordando al negativa radical y afirmó que en la Legislatura provincial se seguirá discutiendo, al mismo tiempo que aseguró que el radicalismo deberá explicar su negativa a la reforma, a pesar de haberse utilizado como base los cambios propuestos en su momento por los ex gobernadores Roberto Iglesias y Julio Cobos.

En la misma línea que Pérez se mostró el ministro de Trabajo, Félix González, quien dijo: “Nosotros creemos que la reforma la va a terminar reclamando la gente. Hoy parece que rechazarla es expresar el anhelo de un importante sector de la sociedad y esto no es así”, destacó González, que agregó que las modificaciones a la Constitución, son reformas de la gente, más que de los dirigentes políticos.