Otra vez las organizaciones mendocinas en defensa del medioambiente entraron en estado de alerta y movilización por la posibilidad de que se avance en la modificación de la ley 7.722,  de minería, tal como lo propondrá el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial en el documento preliminar del plan de ordenamiento territorial que se presentará en sociedad la  semana que viene, más precisamente, el martes 15 desde las 9 en el Centro de Congresos y Exposiciones.

Para las ONG Oikos y Asamblea Popular por el Agua, hay un párrafo que es “preocupante” en el plan, y es el que afirma: “Acorde lo expresado, se prevé el estudio en particular y la  ejecución de la propuesta de reforma para adecuarlas a la realidad que afecta el territorio, las siguientes leyes, a través de la comisión antes expresada así como cualquier otra que se  crea conveniente a los efectos de resguardar los alcances del presente plan y la misma ley 8.051 (de Ordenamiento Territorial): ley 5.804, de Piedemonte (efectivizar el análisis por  cuenca y a base de los antecedentes establecer los límites y condicionantes de zonas); ley 6.086, de Arraigo de Puesteros; ley 4.711, de Colonización; ley 7.722, de Minería( evaluar su  adecuación a la matriz productiva provincial en forma sustentable al ambiente y en los sectores que se determine y a la escala que se dictamine), y Ley de Aguas (ya se encuentra en proceso de estudio)”.

Según han difundido las organizaciones ambientales, detrás del plan de ordenamiento, está la intención de derogar o modificar la Ley de Minería, aquella que prohíbe la utilización de  cianuro o sustancias similares para extraer metales en todo el territorio de la provincia.

Esta norma fue sancionada a mediados del 2011, en plena campaña electoral, por pedido del entonces candidato Francisco Pérez al oficialismo.

La ley no hizo otra cosa que limitar sensiblemente las posibilidades de inversiones mineras en la provincia y fue rescatada por los ambientalistas como un “triunfo fundamental” en favor del cuidado del agua.

EL PLAN. En el 2009, tras casi 30 años de discusiones y peleas, finalmente, se llegó a un acuerdo entre los diferentes partidos políticos y se aprobó la popularmente llamada Ley de Usos  e Suelo, que creó el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial, el organismo que, dependiendo del Ministerio de Tierra, Ambiente y Recursos Naturales, elaboró el documento preliminar del plan de ordenamiento territorial, que contiene la recomendación de analizar la ley 7.722.

Para cumplimentar los pasos que indica la Ley de Usos de Suelo, el ministerio que comanda Guillermo Elizalde convocó para la semana que viene a la audiencia pública correspondiente a  fin de presentar el documento preliminar que contiene el plan.

La audiencia será en el Centro de Congresos y Exposiciones y será meramente una muestra pública de lo trabajado, ya que, más allá de que participarán ciudadanos y organizaciones,  sus aportes no serán vinculantes.

La intención del gobernador Francisco Pérez es cumplimentar todos los pasos que marca la Ley de Usos de Suelo para poder, el 1 de mayo, cuando abra las sesiones ordinarias de la  Legislatura provincial, llevar el plan de ordenamiento territorial en forma de proyecto de ley para que los legisladores puedan comenzar a debatirlo lo antes posibles, y, quizás, en este  mismo año, hacerlo ley para que empiece a implementarse.

Según explicó el ministro de Tierras, Guillermo Elizalde, la intención del Gobierno es que el plan tenga “el mayor consenso posible”, incluyendo, además de a los especialistas, a los  legisladores y al Ejecutivo provincial, la opinión y los pareceres de los distintos intendentes, teniendo en cuenta que, en definitiva, lo que se buscará es regular el cómo y el dónde crece  Mendoza en cada una de sus comunas.

Por lo pronto, la audiencia pública para presentar y debatir el plan de ordenamiento territorial ya tiene fecha, las organizaciones más combativas en favor del medio ambiente han dado su veredicto, cuestionando duramente el borrador, y, al mismo tiempo, el gobernador Pérez tiene muchas expectativas de cerrar la primera etapa de lo que marca la Ley de Usos de Suelo,  sancionada allá por el 2009, impulsada por Celso Jaque, cuando el actual funcionario ocupaba el cargo de ministro de Infraestructura.