El proyecto de ley del plan provincial de ordenamiento territorial será presentado el jueves por el gobernador Francisco Pérez en la Legislatura cuando con su discurso habitual para el 1 de mayo deje inauguradas las sesiones ordinarias.

Es un documento en el que no están definidos los límites al negocio inmobiliario que avanza sobre las mejores tierras que rodean a la gran ciudad y sobre los terrenos peligrosos del piedemonte. Lo que desde hace muchos años esperaba la ciudadanía de Mendoza no está expresado con claridad. La presión del negocio inmobiliario provocó que durante 15 años durmiera el proyecto en la Legislatura que, finalmente, se convirtió en la Ley de Ordenamiento Territorial al ser recuperado de su olvido por medio centenar de organizaciones, instituciones y universidades que lograron llevarlo a la discusión legislativa. Fue un hecho histórico donde las organizaciones le pusieron una bisagra a la historia moderna de Mendoza.

La audiencia pública realizada este mes recogió las inquietudes de sectores y organizaciones sobre el ordenamiento territorial y, considerando otros documentos, como el de la Universidad Nacional de Cuyo, la Agencia del Ordenamiento Territorial preparó un proyecto que el jueves fue aprobado por el Consejo del Ordenamiento Territorial y es el que presentará el gobernador en la Legislatura con la finalidad de convertirlo en ley antes de fin de año.

El documento alude a la Mendoza que queremos dentro de unos años y contiene un diagnóstico de la situación. Avanza describiendo los modelos territoriales posibles, menciona los instrumentos a utilizar y tiene en cuenta, entre ellos, los nuevos códigos municipales que le darán cabida al cambio.

Uno de los instrumentos fundamentales para el ordenamiento territorial es el concepto de zonificación según está previsto en la ley 8.051, artículo 15. De acuerdo con la definición que da el proyecto elaborado por el equipo de la Universidad Nacional de Cuyo y algunas organizaciones: “La zonificación se constituirá en un instrumento de regulación y control de los usos del suelo y estará asociada a los instrumentos que inciden en las operaciones del mercado de tierras”.

Y agrega: “Las municipalidades elaborarán un código de ordenamiento territorial que contendrá las normas referentes a la zonificación de la totalidad de la superficie departamental”.

El instrumento de la zonificación así planteado no deja lugar a dudas sobre que los límites que se fijen en cualquier lugar de la provincia al avance del mercado inmobiliario serán con el mismo criterio y no quedaran sujetos al estado de ánimo de empresarios y dirigentes.

Sin embargo, es totalmente distinto el concepto adoptado por el Gobierno en el proyecto que presentará el jueves en la Legislatura.

El concepto de zonificación ya no será un instrumento de la provincia para regular y controlar el uso del suelo, porque está expresado de otra forma: “El plan establece los criterios generales para que los municipios realicen una zonificación de su territorio conforme a sus potencialidades y limitaciones” y después viene la zonificación que “será un instrumento de regulación y control”.

En vez de optar por una posición clara y uniforme para toda la provincia acerca de cómo zonificar para limitar el negocio inmobiliario, el proyecto oficialista opta por contar con 18 interpretaciones diferentes de zonificación y constituye un escenario donde la autoridad política hará lo que crea conveniente, con tendencia a que se imponga el negocio inmobiliario.

“Nuestro proyecto no limita, no prohíbe, habilita la discusión en la Legislatura cuando se analice el proyecto”, dijo la titular de la Agencia de Ordenamiento Territorial, arquitecta Sonia Romero, sobre la falta de precisión en cuanto a limitar el avance del urbanismo sobre la zona rural. La profesional dijo: “La realidad de cada departamento es diferente y, por ello, no se dan números específicos de cómo tiene que hacerse la zonificación en los departamentos. Confío en que de la discusión saldrán los límites. No falta mucho para cerrar este tema”.

Sin embargo, en algunos trabajos presentados existe una especie de “fórmula” para aplicar a cualquier departamento para encontrar un cálculo de zonificación correcto.

No es exagerado insistir en el avance del negocio inmobiliario sobre la tierra fértil: entre el 2002 y el 2008 disminuyeron 317 explotaciones agropecuarias en Maipú y fueron 788 en San Rafael, mientras que, en el caso de Guaymallén, desaparecieron 479 fincas y, en San Martín, 438, según datos facilitados por el Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2002 y datos provisorios del CNA 2008. Desde 1986 al 2010, los oasis que menos crecieron fueron el norte y sur, sólo lo hicieron en un 11% y un 13%, respectivamente, mientras que en Valle de Uco fue de 38%. Por el contrario, las áreas urbanizadas son las que más crecieron: 103% en el oasis norte, 168% en el sur y 54% en Valle de Uco. Este fenómeno continúa y se siguen perdiendo tierras agrícolas