"Temos que dar explicaciones y mostrar lo que estamos haciendo y la Justicia no puede no ser parte de este proceso; no tenemos que tener miedo a ser evaluados”. 

Con estas palabras, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, presentó ayer en la Casa Rosada un portal de datos abiertos sobre la Justicia que estará listo para acceder desde Internet en las próximas semanas. 

Horas después, a unas 15 cuadras, frente al Congreso Nacional, manifestantes exigían justicia por casos de inseguridad bajo los lemas “Para que no te pase” y “Contra la impunidad, la inseguridad y la justicia”, fue la otra consigna convocante. La convocatoria se hizo a nivel nacional con distintos tipos de adhesión en cada una de las provincias (ver nota principal). 

La convocatoria fue la primera marcha de este tipo durante la gestión del presidente Macri. El gobierno dio apoyo oficial a la marcha. “Estamos remitiendo fuerzas federales a la provincia (de Buenos Aires) y se van tomando medidas de coyuntura. En esto, la verdad, no se puede hacer magia, como decía una ex presidenta”, dijo el ministro de Justicia, Germán Garavano, en alusión a Cristina Fernández de Kirchner. 

Padrón nacional

Las declaraciones de Garavano fueron vertidas ayer cuando, junto al titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participaron del acto en el que se firmó el “Convenio Interjurisdiccional de Datos Judiciales Abiertos”, cuya forma se traducirá en una base de datos con causas judiciales de todo el país, junto con políticas públicas contra la inseguridad. En un portal de Internet, a partir de noviembre, se expondrá la base de datos anunciada. 

 Pese a que se había especulado con su presencia, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, no participó del acto por un viaje oficial a Portugal. “No se ha visto colaboración (de Gils Carbó)”, dijo Garavano. 

 En su crítica a la procuradora, dijo que “un elemento central (en el combate contra la inseguridad) es que los fiscales tienen que acompañar a las víctimas; representan a la sociedad y deben impulsar estos procesos”, opinó el ministro. 

 Al respecto, ayer también se comentaba en la Casa Rosada el proyecto que próximamente quiere presentar el oficialismo: una reforma del Ministerio Público Fiscal para que el cargo de procurador general dure cinco años y no que sea de carácter vitalicio, tal como lo es en la actualidad. 

El gobierno afirma que pretende “transparentar la Justicia”.

La iniciativa, informalmente bautizada “el Indec de la Justicia”, tiene como antecedente inmediato la decisión adoptada por el Consejo de la Magistratura de la Nación, en julio pasado, de realizar una auditoría a las causas de corrupción tramitadas en los últimos veinte años por los jueces federales. 

Estas movidas, según trascendió, han puesto en guardia a varios jueces federales quienes por ahora de manera silenciosa sienten que están siendo puestos bajo la lupa del Poder Ejecutivo.