El Instituto Nacional de Vitivinicultura, junto a las autoridades de las provincias vitivinícolas, dio a conocer ayer los detalles del proyecto de modificación de la Ley de Vinos. La propuesta ya se encuentra en condiciones de ser elevada al Poder Ejecutivo Nacional.

Uno de los aspectos que se abordó tiene relación con la jurisdicción del INV sobre todos los productos que tengan origen vínico. Actualmente, no son controlados por el organismo algunos productos como el vermouth, los "frisantes" y la grapa, que hoy se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Salud. También entró en discusión el caso de la sidra. En este sentido el presidente del Instituto, Guillermo García, destacó que considera importante aprovechar la estructura del INV para fiscalizar el producto.

Otro de los pasajes del proyecto hace referencia a las uvas "tintoreras". Tras intensas horas de diálogo entre gobiernos provinciales y organismos, se llegó a la determinación de establecer porcentajes aceptables en cuanto a la presencia de la variedad Aspiran Bouche. En caso de incumplimiento, los valores excedidos deberán ser etiquetados o bien se aplicarán las sanciones correspondientes.

Esto lleva, a su vez, a otros de los puntos tratados a través del cual el INV procura disponer de un esquema de fiscalización más riguroso en términos de productos, multas y posibilidades de ampliar "castigos". "De aprobarse el proyecto, podremos hacer clausuras desde 10 días hasta 5 años", contó el presidente del organismo.

Finalmente, García comentó que el proyecto contempla la puesta en ley de la declaración del "Vino Argentino Bebida Nacional", actualmente un decreto presidencial.

Los problemas comerciales

Más allá de las modificaciones de la Ley de Vinos consideradas necesarias por las autoridades vitivinícolas, existen otro tipo de problemas de tipo coyuntural que están en boca de productores y bodegueros.

Consultados acerca de los plazos de devolución de divisas, los ministros de Mendoza y San Juan respondieron que se están realizando acciones conjuntas para extender los tiempos de 15 a 90 días. Esto implicaría una "excepción" para la industria."Ya conseguimos que se extiendan los plazos hasta 30 días", recordó García.

En relación a la restricción de las importaciones, las autoridades desconocieron que hayan inconvenientes de gravedad con la disposición de insumos secos.

El presidente del INV recordó que la vitivinicultura no es una industria aislada a los requerimientos del Gobierno Nacional. "Defenderemos los intereses de las bodegas sin dejar de considerar que las medidas del Estado responden a una necesidad de equilibrar la balanza comercial. Nos estamos manejando muy bien con la compensación de importaciones por exportaciones", mencionó.