El proyecto ya entró en la Cámara Alta, pero los radicales anticiparon que demorarán el tratamiento y lo enviarán a comisiones. "Personalmente, no estoy de acuerdo, el partido pedirá que se estudie por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Economía", explicó el senador Juan Carlos Jaliff. Por su parte, el presidente de bloque de la UCR, Armando Camerucci, consideró como un "despropósito" el tratamiento del escrito en este momento, aduciendo que existen varios puntos por estudiar y una falta de consenso con las partes. Uno de los ejes más álgidos tiene que ver con la utilidad pública que debe declarar el Estado para que las tierras puedan ser expropiadas.

Para que este proceso se realice, los terrenos deben tener una extensión mayor de diez hectáreas y concebir deudas con Rentas o Irrigación que superen el avalúo fiscal. Con respecto al primero de los casos, la idea de que se abstengan de expropiar propiedades de menor tamaño tiene que ver con la intención de no afectar a pequeños productores. Camerucci considera este planteo como uno de los primeros errores del proyecto, ya que los criterios para determinar a pequeños productores no deberían realizarse sobre la extensión de tierras que tienen a su nombre, sino considerando su tecnificación, su capital de trabajo y su abastecimiento de agua.

El legislador plantea que los terrenos del Sur provincial –en donde se encuentra 90 por ciento de las tierras en riesgo– tienen valores fiscales muy bajos. "Hay propiedades con avalúos de 11 mil pesos y un productor debe pagar 4.500 pesos anuales de Irrigación, por lo cual, con dos años de deuda, ese terreno ya puede ser expropiado", ejemplificó el senador radical. "Plantean que las deudas que mantienen los propietarios son por capricho. La verdad es que producir en esas tierras no resulta rentable. Por lo tanto, si se las dan a otra gente, tendrá el mismo problema", disparó Jaliff. Camerucci, en tanto, amplió la apuesta y denunció una ausencia de políticas de incentivo hacia el sector productivo.