A puertas cerradas, por pedido expreso de los miembros de la Bicameral de Seguridad, hoy empezarán a ser analizada una serie de proyectos de ley para crear nuevas herramientas contra el delito y, tal vez, lograr disminuir sus efectos. Encabezan la lista de temas la instrumentación del banco de huellas genéticas digitalizada, del diputado Luis Petri (UCR), y la policía judicial, idea plasmada en tres proyectos ingresados a esa comisión.

Está cantado que la primera de las iniciativas recibirá despacho favorable, ya que la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales empezará a compartir con la Bicameral el debate de estas normas, para acelerar los tiempos legislativos.

De esta forma, los senadores estarán en condiciones de aprobarla el martes próximo, tal cual se comprometió el vicegobernador Carlos Ciurca la semana pasada.

Básicamente el banco de huellas genéticas le permitirá a la Justicia tener una base de datos conformada por todos los perfiles del ADN de los procesados e imputados por hechos delictivos, y aquellas pruebas recogidas en la escena del crimen, incluidas las correspondientes a las víctimas del hecho policial.

A la vez, el banco deberá contar con los datos genéticos de las fuerzas policiales y penitenciarias para que sus huellas sean descartadas de inmediato, ya que los agentes entran a la escena del delito en el momento de reprimirlo o de investigarlo.

Su implementación no requiere de un monto de recursos significativo porque los instrumentos con que ya cuenta el laboratorio de ADN de la Facultad de Medicina de la UNCuyo, que por un convenio con la Justicia (2005) trabaja en el registro de violadores, son suficientes para ampliar la tarea a los imputados, procesados y condenados de todos los delitos.

El proyecto de ley del banco genético tiene la aprobación de Diputados y desde el momento en que los problemas de inseguridad recrudecieron comenzó a ser considerada su pronta votación en Senadores, como parte de las medidas paliativas.

A la par estiman desde la Bicameral que durante octubre también podrán ser sancionadas otras leyes, como la defensoría del policía y el fortalecimiento de los derechos de las víctimas del delito (también del radical Petri), la actualización del registro fotográfico de los internos del penal (del diputado demócrata Aldo Vinci), y un proyecto del diputado Daniel Cassia, de Compromiso Federal, para que la verificación técnica de los autos sea obligatoria.

La otra punta de lanza del paquete de medidas está dada por la concurrencia de tres iniciativas desarrolladas para establecer la policía judicial: el borrador enviado por el Ejecutivo provincial, el proyecto de Petri y una tercera propuesta, del senador justicialista Germán Gómez.

Ideas sobre la policía judicial

►El borrador del Poder Ejecutivo propone que la policía judicial sea “una institución civil armada, jerarquizada con estado policial”. Además, establece que el procurador general elija sus miembros, quienes revestirán como oficiales y auxiliares.

►Nada indica sobre los fondos para sostener esta fuerza ni los tiempos de implementación.

►El proyecto del senador Germán Gómez (PJ) fue presentado en mayo del año pasado, y también propone que la policía judicial sea arbitrada bajo la órbita del procurador general o jefe de los fiscales. Incluye en su formación a la Policía Científica, a medicina legal, psicología, dactiloscopía, caligrafía, fotografía, balística, informática y “cualquier otro que en lo sucesivo se estableciere en orden a la evolución científica y tecnológica”, dice.

►La propuesta del diputado Luis Petri (UCR) es la más completa, está sustentada por varios expertos en materia de seguridad, y explicita formas y tiempos de desarrollo de la policía judicial. Plantea una implementación progresiva hasta el 2017.