La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad y convirtió en ley el proyecto que regula el sistema de salud mental, con el apoyo de 47 legisladores y la abstención del radical Eugenio "Nito" Artaza.

La Cámara alta dedicó alrededor de una hora al debate de un tema que comenzó poco antes de la medianoche y prometía extenderse hasta la madrugada, pero los oradores prefirieron definir con pocas frases sus posiciones e insertaron sus discursos para que sean registrados en la versión taquigráfica.

La iniciativa, que no había conseguido dictamen por las disidencias que existieron en los plenarios de cuatro comisiones incluso en la jornada del martes, sólo fue objetado en un solo artículo, que contó con la resistencia de 3 senadores y el respaldo de 44 parlamentarios.

El titular de la Comisión de Salud y Deportes, José Cano, fue el miembro informante que defendió la propuesta sancionada por la Cámara de Diputados, aunque el proyecto no logró dictamen mayoritario en las cuatro comisiones que debatieron hasta el martes a la tarde un texto unificado.

Senadores que apoyan la iniciativa destacaron que el proyecto es uno de los más importantes en materia de derechos humanos de los últimos tiempos, porque cambia el paradigma en el enfoque de la salud mental.

Destacaron que la propuesta terminará de hecho con los manicomios, al establecer que los enfermos mentales tienen que ir a atenderse a un hospital mental, y que el hospital general debe contar con el servicio de salud mental.

Hablaron las justicialistas Graciela Di Perna (Chubut), que cuestionó puntos del proyecto sancionado por Diputados, al igual que Liliana Negre (San Luis). En cambio, se manifestaron a favor del texto Sonia Escudero (Salta), los oficialistas Beatriz Rojkes (Tucumán), Marcelo Fuentes (Neuquén), Daniel Filmus (Capital) y el neuquino Horacio Lores.

La kirchnerista Liliana Fellner (Jujuy) felicitó a los legisladores por el amplio acuerdo logrado.

El Senado analizó el texto que busca asegurar el derecho a la protección a los pacientes con este tipo de problemas, establece un piso de garantías similar al sancionado por los tratados internacionales e incluye a los adictos problemáticos como pacientes del sistema de salud.

La propuesta consagra el derecho a una atención integral, comunitaria y gratuita, desalienta las internaciones indefinidas y promueve la creación de equipos interdisciplinarios de profesionales, capacitados y acreditados para atender la salud mental. Profesionales de la salud y del derecho criticaron en el debate en comisión esta disposición, la consideraron "inaplicable" y reclamaron un tiempo de transición y más presupuesto.

El proyecto reconoce la autonomía de las personas con padecimientos mentales y su capacidad para decidir sobre lo que desean, propugna la no discriminación de las personas por esa situación e incluye las adicciones como parte del campo de la salud mental.

Establece que las acciones en la materia deben realizarse en una red de servicios de salud mental basados en la comunidad y recomienda la internación de personas con padecimiento mental, como un recurso terapéutico a utilizar sólo en situaciones excepcionales y en hospitales generales.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y, aunque hay matices, kirchneristas y opositores acordaron llevar al recinto el proyecto y convertirlo en ley.

Un plenario de cuatro comisiones (Salud y Deportes, Legislación General, Justicia y Asuntos Penales, y Presupuesto y Hacienda) debatió el martes varias iniciativas, pero sólo consiguió el respaldo del cuerpo parlamentario de Salud.

La reunión conjunta debatió el texto que llegó aprobado por Diputados y otros que presentaron el radical José Cano, el peronista federal Adolfo Rodríguez Saá y el porteño de Proyecto Buenos Aires Federal, Samuel Cabanchik.

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