Radicales y peronistas acordaron en el Senado una fecha cierta para el tratamiento del Protocolo de Aborto no Punible, que ya tiene media sanción de Diputados. El proyecto es de la UCR y viene a suplir el vacío que dejó en el asunto el Gobierno provincial, que no ha dictado este protocolo, a pesar del consejo de la propia Corte Suprema de la Nación a las provincias en ese sentido.

Los legisladores de la Cámara Alta discutirán en el recinto el proyecto el 13 de noviembre, tenga o no despacho de las comisiones a las que fue sometido para su estudio (Salud y Legislación y Asuntos Constitucionales). Este acuerdo legislativo alcanza al oficialismo y la UCR, aunque no fue avalado por los senadores del Eje Peronista.

También está de acuerdo en darle una definición el presidente de la Comisión de Salud, el demócrata Ernesto Corvalán. El legislador defiende los derechos del "niño por nacer" pero considera que ya se han escuchado "muchas voces a favor y en contra". Además, los senadores quieren que el ministro de Salud, Carlos Díaz Russo, brinde su opinión al respecto antes del debate del proyecto. El funcionario fue citado dos veces por la Comisión de Salud, pero hasta aquí no dio su palabra. "Tiene que definirse", reclamó Corvalán.

DESAFÍO. "¿Ministro de Salud, qué opina?", desafió en Twitter el jefe de la bancada radical en el Senado, Armando Camerucci, después de que se conociera el acuerdo parlamentario para tratar el Protocolo del Aborto. Para la oposición ya es un dato cierto que el funcionario rechaza el Protocolo. Díaz Russo decidió semanas atrás no hablar más de este asunto, después de eludir durante meses la necesidad de cumplir de manera urgente con el fallo de la Corte que legalizó el aborto en casos de violación. La misma postura se le puede atribuir al gobernador Francisco Pérez, quien, a fines de setiembre, dijo que apostaba a un largo debate del proyecto y a que la normativa ideada en la Legislatura tuviera modificaciones.

PARADOJA. La paradoja del caso es que el proyecto radical (pertenece a Liliana Vietti) con media sanción de Diputados no establece otra cosa que la adhesión a la Guía Técnica para la Atención de Abortos no Punibles que se implementa a nivel nacional en casos de violación. Aunque la guía emane del propio gobierno kirchnerista, el gobernador se ha resistido contra viento y marea a darle curso y se ampara en una metodología muy discreta para darles atención a las mujeres violadas que quedan embarazadas. Todo indica que esos casos se resuelven con la operación de varias víctimas de abusos en el Hospital Paroissien, de Maipú, dato que tampoco el Gobierno quiere blanquear.

En marzo, cuando se conoció el fallo de Corte Nacional sobre el aborto, Pérez salió a combatir la obligación de cumplirlo. "No nos comprende", insistió en sus últimas declaraciones sobre el asunto. Sin embargo, el apartado 29 de la sentencia es claro en este aspecto: exhorta a los gobiernos a hacer operativos "por normas del más alto nivel" los "protocolos hospitalarios" que son necesarios para su aplicación.

El fallo en cuestión realiza una interpretación del artículo 86 del Código Penal y establece que una mujer violada tendrá derecho a que le hagan el aborto en cualquier hospital público sin hacer la denuncia judicial y sin otro tipo de dilaciones. La actitud de Pérez también fue cuestionada por un grupo de mujeres que días atrás colocó una denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la Nación por el no cumplimiento del fallo de la Corte Nacional. En este contexto llegó el proyecto al Senado, donde se espera mucho debate, incluso en los propios bloques de la oposición, donde las opiniones están divididas.