El Gobierno dio ayer el primer paso en el debate parlamentario para declarar a la telefonía celular "servicio público". La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado comenzó a tratar ayer cinco proyectos de ley planteados en ese sentido.

La presidenta de la Comisión, Liliana Fellner (Frente para la Victoria), expresó que el oficialismo tiene la "voluntad política" de recorrer el camino para aplicar una mayor regulación en el sector. En la práctica, declarar a un servicio "público" implica que el Estado tendrá la facultad de fijar el precio de las tarifas que se cobran a los clientes.

Ésta es la primera vez que el kirchnerismo acepta tratar proyectos de esta naturaleza. Desde su origen, la telefonía celular es un servicio de carácter privado y, hasta el momento, la Secretaría de Comunicaciones fija las regulaciones. Pero los precios del sector son, en teoría, totalmente libres.

Los proyectos que se analizan son los del senador kirchnerista Juan Manuel Irrazábal (FPV); Carlos Verna (PJ), y Eugenio Artaza (UCR); Graciela Di Perna (PJ); Rubén Giustiniani (Partido Socialista), y Gerardo Morales (UCR).

En la reunión de ayer, los autores explicaron sus iniciativas, y el acuerdo político entre todas las fuerzas es sobre la necesidad de contar con una mayor regulación. Todos concuerdan en la declaración de "servicio público", mientras todavía hay divergencias en temas sensibles, como ubicación de las antenas, derechos del consumidor y designación de la autoridad de aplicación.

El paso siguiente será una convocatoria a audiencias entre especialistas en tecnología, empresas y usuarios para unificar todos los criterios en un proyecto común. Sin embargo, ningún bloque espera que el tratamiento sea rápido.

El paso a servicio público representará una fuerte injerencia del Estado en la estructura de ingresos de las empresas operadoras móviles. Un claro ejemplo podría ser el de Telecom, cuyos balances son públicos por cotizar en la Bolsa. Su subsidiaria Personal representó el 74% de su facturación y el 83% de su ganancia neta el año pasado.

Las quejas más recurrentes de las empresas radican en la necesidad de que el Gobierno libere más espectro radioeléctrico para mejorar la calidad de servicio (especialmente para las prestaciones en 3G y 4G) y en las dificultades burocráticas recurrentes en municipios y provincias para instalar antenas.

Revisión de costos y precios

Desde hace dos meses, la Secretaría de Comercio y la de Comunicaciones analizan la estructura de costos y precios de los planes que ofrecen las principales proveedoras del mercado. El objetivo de las carteras que conducen Augusto Costa y Norberto Berner, respectivamente, es avanzar hacia un acuerdo de precios en el sector, aunque aún no hay una fecha definida para su implementación.

En tanto, Comunicaciones trabaja en un anteproyecto de resolución para lanzar un nuevo reglamento de clientes para las empresas. Con ese objetivo, hizo audiencias públicas en todo el país, pero todavía no implementó la normativa que propone. Legalmente, las empresas se rigen con un reglamento de 1997.

En la Argentina, según el Indec, hay 62,5 millones de líneas móviles, aunque unos 40 millones están efectivamente activas.

Principales implicancias

Tarifas

La declaración de servicio público implica que el Estado puede regular las tarifas, los estándares de calidad y las características de la prestación

Límites al servicio

Los proyectos en debate cierran la posibilidad de que las operadoras puedan ofrecer servicio de televisión a sus clientes

Planteo empresarial

La principal demanda de las empresas radica en la necesidad de tener más espectro radioeléctrico y en las dificultades para instalar antenas en municipios

Quejas de los usuarios

Las quejas más recurrentes de los usuarios son sobre la calidad del servicio y la transparencia en los precios.