El intendente de Capital, Víctor Fayad, tomó la decisión de avanzar sobre el cierre de los cabarets, los locales en los que se ofrece sexo a cambio de dinero, las residenciales en las que se promueve la prostitución y los departamentos denominados saunas. El espíritu que contempla la ordenanza que fue aprobada ayer es ir contra el proxenetismo y los lugares en donde puede haber tráfico de personas.

"La idea no es perseguir la prostitución, pese a que está prohibida por el Código de Faltas, pero el tema es aplicarlo, y el Municipio no tiene poder para hacerlo, lo hace la Policía. Nosotros que apoyamos la reforma constitucional creemos que con la autonomía municipal podríamos controlar el tema", dijo Rodolfo Suárez, presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza.

Suárez no pudo precisar cuál sería la política del Municipio si tuvieran poder sobre el control de la prostitución en la vía pública, y se limitó a decir que es un tema que se debe abordar desde políticas sociales de inclusión, que en Capital lo hacen desde la Dirección de la Mujer y, a su entender, un concepto básico debería ser que no hubiera oferta callejera.

Aunque podría ser un tema a resolver en un futuro, esa posición entraría en contradicción con la decisión política comunicada ayer. La ordenanza que fue aprobada en el recinto legislativo municipal indica que se prohíbe en el ámbito de Ciudad instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación –de manera ostensible o encubierta– de establecimientos o locales de alterne donde se fomente el comercio sexual.

Suárez comentó, además, que la iniciativa apunta esencialmente a contar con una herramienta que combata a quienes se benefician del comercio sexual haciendo de intermediarios o regentadores de las prostitutas, y especialmente atacar el tráfico de personas y que menores se dediquen a la prostitución. "La oferta sexual se incrementó mucho en los últimos años, y a esto hay que sumarle que se producen conflictos con los vecinos en la puerta de estos lugares", añadió el funcionario. Cuando se lo consultó por las trabajadoras sexuales que están en la calle, Suárez comentó que el Municipio no tiene posibilidad de actuar en esos casos, ya que es potestad de los jueces de Faltas.

"Los locales de alterne son todos aquellos lugares abiertos al público donde se realicen, toleren promocionen, regenteen, organicen, o de cualquier modo faciliten actos de prostitución u oferta sexual cualquiera sea su tipo o modalidad. También a aquellos locales donde los concurrentes o clientes traten con personas contratadas para estimular el consumo o el gasto en su compañía. Y donde se desarrolle o se obtenga provecho de la explotación de la prostitución ajena, hayan prestado o no las personas explotadas y/o prostituidas y/o que se prostituyen su consentimiento para ello", expresa la ordenanza que en los próximos días se publicará en el Boletín Oficial.

La medida que fue promovida por el intendente Fayad, quien ha sido intendente de Capital tres veces, admite en otro párrafo lo siguiente: "La existencia de prostíbulos está prohibida desde 1937 (...) pero a lo largo de décadas fue vulnerada con complicidad de ordenanzas locales que habilitaban centros nocturnos para encubrir espacios de explotación sexual. Dichos locales funcionan con alternadoras, coperas o bailarinas que resultan ser pantallas para el ejercicio de la prostitución y ámbitos propicios para la trata de personas".

Por último, la ordenanza precisa: "No se otorgarán las habilitaciones respectivas a los locales que pudieran instalarse y de aquellos que actualmente funcionan bajo otras formas de la actividad el cierre definitivo de lugares o establecimientos de alterne a los 30 días de promulgada la ordenanza aprobada". Un tema en el que Suárez no pudo dar precisiones fue la cantidad de estos locales que están funcionando con esta modalidad en el Municipio, y explicó que los cabarets en esta jurisdicción son 3 o 4, pero que los saunas y los departamentos en los que se ofrecen servicios sexuales no los tienen relevados, tarea que harán ahora.

Además, un punto más complejo es el de las residenciales, donde las trabajadoras sexuales ingresan con los clientes, los que también serán cerrados. Suárez admite que el Municipio se encontrará con inconvenientes en estos locales y reconoció que el tema de los derechos adquiridos de los propietarios deberá ser resuelto en la Justicia ante la segura defensa de los intereses que harán estos comerciantes.

A modo de ejemplo, Suárez relató el caso cuando, en la segunda intendencia de Fayad, quisieron cerrar un local ubicado en San Juan casi República de Siria, y la Justicia le dio la razón al dueño del lugar ante un amparo, por lo que debieron levantar la clausura. También, el funcionario aclaró que en Capital no hay habilitaciones para albergues transitorios, por lo que los lugares que funcionan de esta forma, están fuera de la aprobación municipal.

Las meretrices mendocinas hablan

Fátima Olivares, de 55 años, trabajadora sexual desde los 18 y representante en Mendoza de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), se mostró en contra de la ordenanza aprobada en la Ciudad de Mendoza. Olivares comentó que la medida afectará a las mujeres que son trabajadoras sexuales por elección, ya que cerrarán lugares en donde se desempeñan, y opinó que lo que el Municipio debería hacer es apuntar contra los lugares clandestinos, pero no sobre aquellos que tienen los papeles en regla y donde las prostitutas tienen sus análisis vaginal, de sangre y documentos de identidad en correcta actualización.

"Ellos quieren sacar a las mujeres de las esquinas, esa es la verdad", precisó y añadió que actualmente se encuentra haciendo un censo de las trabajadoras sexuales. "El año pasado, sin contar los departamentos en los que trabajan las chicas, censé a 98 trabajadoras sexuales. Ahora incorporé a esos sitios, voy por 30, y la idea es ver si se han sumado muchas en este año", explicó. Olivares estimó que sólo en la zona del microcentro pueden haber unos 40 departamentos y casas en los que hay prostitutas, y, haciendo un cálculo de que en esos lugares hay un promedio de cuatro mujeres, se podría decir que ejercen unas 160 mujeres el comercio sexual.

María Pía, encargada de un local ubicado cerca del Parque Central, también contó que la medida del intendente Fayad las afectará y explicó que en el caso de las 10 o 12 chicas que trabajan allí, no tienen ningún regenteador o alguien que les saque un porcentaje de su ganancia. "Nosotras alquilamos el lugar, pagamos los impuestos y hacemos un fondo común del que se sacan las ganancias. Y lo hacemos así ya que en la calle corremos peligro, entonces nos organizamos de esta forma. Acá no hay drogas ni menores ni chicas de otros lugares. Somos todas de Mendoza y nadie nos obliga a hacerlo. Con esto mantenemos a nuestras familias", relató.