En el justicialismo creen que Francisco Pérez reactivará la búsqueda de la reforma de la Constitución provincial para conseguir este objetivo el año que viene.

Pérez ha intentado impulsarla desde que se convirtió en gobernador. La oposición hasta aquí le dio la espalda y hasta el propio oficialismo bajó las banderas en el inicio de la campaña electoral. Pero el mandatario había avisado que, después de los comicios, volvería a militarla. Y este martes dejó un indicio, al señalar en un acto público que la reforma sería necesaria en un aspecto clave: la seguridad.

Antes de volar al exterior, donde estará durante dos semanas, Pérez se mostró a favor de “descentralizar” el manejo de la Policía y de dejar en manos de los intendentes el control de la fuerza, porque ellos “tienen más contacto con la realidad”.

“Seguramente se haga (para ello) una reforma constitucional”, agregó el gobernador en el acto y entonces varios parecieron entender a dónde iba con su discurso.

Otro indicio de lo que viene es que Pérez ya había afirmado públicamente que la inseguridad fue uno de los aspectos que le hicieron al PJ perder las elecciones, por lo cual no suena improbable que ahora use esta problemática para retomar la lucha por la reforma constitucional.

Si es así, será toda una novedad para el propio oficialismo, ya que el extenso proyecto de reforma de Pérez que naufragó en la Legislatura no menciona entre sus objetivos la municipalización de la Policía.

A esto hay que agregar los anticuerpos de los propios intendentes, que ya sean oficialistas u opositores, no tienen mucho interés en hacerse cargo de la brasa caliente de la inseguridad.

Ya hizo una prueba en ese sentido un jefe comunal y no le fue bien: la Policía Municipal que en su momento creó el ex intendente de Capital Eduardo Cichitti terminó poco después en el fracaso.

Una de las preguntas que hoy se hacen en la Legislatura es qué aspectos de la Constitución afectaría la municipalización policial lanzada por Pérez y si se tratará de una renuncia a sus facultades sobre la fuerza.

Hay que recordar en ese sentido que el inciso 17 del artículo 128 de la Carta Magna dice claramente que el gobernador es “el jefe de las milicias de la provincia”. Algunos legisladores consideran casi una locura modificar ese punto.

Hay quienes opinan sigilosamente que la seguridad, más que departamentalizarla como propone el gobernador, habría que regionalizarla, ya que sí se perciben diferencias entre las formas de delito que se sufren, por ejemplo, Gran Mendoza y algunas zonas del Este.

Como sea, los cambios que tiene en mente el gobernador, si efectivamente abarcan aspectos constitucionales, reabrirán la puerta de este debate en una época diferente.

Hay que puntualizar en ese sentido el dato más importante: Pérez tiene pocas chances de obtener con la reforma su reelección en 2015, principal traba de sus anteriores intentos.

Esto se debe al propio proceso de la reforma, que, en caso de incluir la reelección, obligaría al gobernador a obtener en 2014 el permiso legislativo para reformar y luego a someterse a un plebiscito, donde además los mendocinos tendrían que elegir los convencionales constituyentes.

Salvo que Pérez insista en la vía rápida: considerar que el proceso de reforma está abierto desde 2001 y directamente elegir los convencionales el año que viene, sin paso previo por la Legislatura y sin plebiscito.