En teoría existe, pero en los hechos tambalea y necesita de un empujón importante. El acceso a la información pública ha tenido, en los últimos años, sus momentos de luces y sus largos períodos de oscuridad. En Mendoza, el panorama es positivo si se lo mira desde el punto de vista de la existencia de las ordenanzas municipales como las de Capital, Guaymallén y San Martín y el plan de metas de Maipú (una herramienta de participación y diseño de políticas públicas). Pero es negativo si se considera que no hay una ley provincial aún que garantice este derecho constitucional.

Este panorama se debatió ayer en la “Jornada de acceso a la información pública. Un derecho para ejercer otros derechos”, organizada por Nuestra Mendoza, IBM y la Red Argentina de Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables y en la que participaron varios actores de la sociedad civil, entre ellos funcionarios, académicos, legisladores y empresarios.

La realidad local es que el acceso a la información pública no fue puesto en práctica como corresponde, más allá de las ordenanzas existentes, y que las respuestas a los ciudadanos han sido insuficientes e inviables, según demuestran los estudios presentados durante el seminario.

Los motivos de las falencias señalados por los distintos actores sociales que pasaron por el Centro de Congresos y Exposiciones, son dos: la falta de conciencia ciudadana y la falta de práctica por parte de los funcionarios que ejercen la administración pública.

“Lo que ha sucedido es que hemos recibido respuestas pero fundamentadas de acuerdo a la ley de proceso informativo y no de acuerdo a la ordenanza que facilita el acceso a la información pública. Esto se debe a una falta de ejercicio de la ciudadanía y de algunos funcionarios municipales que desconocen la normativa. Los gobiernos deben hacer tareas de difusión”, destacó el director de Nuestra Mendoza, Alejandro Belmonte.

En este punto, se hizo un fuerte énfasis en la ausencia de una normativa provincial que permita garantizar el derecho en todo el territorio. “Trabajamos a nivel municipal porque nos apoyamos en el impulso a partir de las ordenanzas del plan de metas, pero en la provincia hemos hecho un análisis y lo que hemos visto es que no existe una normativa que regule el acceso a la información pública. Creemos que va a cambiar”, continuó Belmonte, quien estuvo a la espera de algún representante del Ejecutivo. El secretario Legal y Técnico, Francisco García, y el ministro de Gobierno, Félix González, figuraban en el programa como expositores en dos paneles distintos, pero nunca llegaron.

“El Gobierno va a plantear la reforma constitucional y política, y tengo la esperanza de que van a empujar una ley de acceso a la información pública”, dijo Belmonte. La idea del Ejecutivo, en algún momento, era incluir el tema dentro del proyecto de reforma. Sin embargo, no hubo confirmación oficial. “Ya hay un proyecto que tiene sanción de una de las cámaras pero no se ha movido en los últimos tres años”, agregó el directivo de Nuestra Mendoza. El proyecto está frenado en el Senado y es del diputado radical Luis Petri y figura como coautor el diputado nacional por el Frente para la Victoria Guillermo Carmona.

El expediente fue avalado por Diputados en 2009 y contempla el acceso a la información sin la necesidad de justificación o de un interés de por medio. “Lamentablemente no ha sido aprobado y se debe a la reticencia del Estado. Ni siquiera está garantizada la información para los órganos de control. No se requiere de reforma, sí de voluntad política”, opinó Petri, quien agregó: “Vamos a pedir a nuestros legisladores que la vuelvan a movilizar”. Para Carmona, por el contrario: “La experiencia muestra que el Estado no es negador”.

Desde la experiencia municipal, los intendentes invitados quienes llevan adelante planes de metas anualmente (Alejandro Bermejo y Víctor Fayad) vieron con buenos ojos el funcionamientos de este tipo de herramientas que garantizan el acceso a la información. Fayad destacó en su discurso: “Es un antídoto contra la corrupción”. Y luego agregó: “Es necesaria una ley provincial pero creo que va a ser un proceso muy lento”.

Por su parte, el intendente de Maipú aclaró: “Nunca estoy conforme, siento que hace falta más. Venimos a exponer algunos conceptos que venimos desarrollando como el plan de metas, que incluye el programa del presupuesto participativo, certificación de normas calidad sometidos a auditorías semestrales, entre otros. Lo que está faltando es más compromiso de la ciudadanía. Las herramientas están, pero deberían sumarse más maipucinos para rendir cuentas de forma permanente”.

La coordinadora de la Red Argentina y representante de Nuestra Córdoba, Virginia Romanutti, resaltó la experiencia de la capital de su provincia donde se creó una oficina de acceso a la información y hay un formulario tipo para agilizar los trámites.