Se hizo el jueves por segunda vez la audiencia inicial del segundo juicio por delitos de lesa humanidad de San Rafael -quinto en la provincia-, que había sido anulada por la demora en remplazar a uno de los jueces que había renunciado.

Volvieron a juntar en forma presencial a las mayoría de los 26 imputados, pero esta vez en una de las aulas de la UTN local, custodiada por la Policía Federal en el exterior y Gendarmería en el interior.

También se presentaron en la puerta del predio universitario militantes jóvenes de agrupaciones políticas y familiares de detenidos y desaparecidos.

Los fiscales Dante Vega y Pablo Garciarena leyeron de nuevo el resumen de todas las acusaciones, como ocurrió el 29 de diciembre pasado en el Centro de Congresos y Exposiciones. Una vez terminada esta etapa en la tarde, comenzaron con las primeras declaraciones.

El resto de los acusados participaron por videoconferencias desde Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, y la Ciudad de Mendoza. Justamente, problemas en estas conexiones retrasaron dos horas y media el comienzo del juicio, que estaba previsto para las 8.

El tribunal estuvo integrado por las juezas titulares Fátima Ruiz (presidenta) y Gretel Diamante, más el suplente (o cuarto juez) Marcelo Grosso, quien remplazó en la sala al titular Pablo Díaz Lacava, quien no pudo asistir, pero igualmente participó a través de una videoconferencia desde La Pampa.

La doctora Diamante, del Tribunal Oral Federal de San Luis, ocupa el lugar dejado por Héctor Cortez, quien en enero renunció a su cargo.

El juicio iniciado el 29 de diciembre debía retomarse el 10 de febrero pasado, pero como se superó el plazo de diez días hábiles para remplazar a Cortez (enero no se cuenta por la feria judicial), el tribunal dio por anulada esa audiencia inicial como estipula la legislación, lo que dio marcha atrás lo poco que se avanzó.

Acusados “relevantes”

Entre los acusados sobresalientes figuran Luis Stuhldreher, que había zafado del juicio anterior y que fue intendente local (comisionado municipal) de la dictadura y segundo del temible mayor Luis Suárez, cabeza principal del aparato represivo ilegal de la zona. A pesar de ello, fue funcionario en el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Julio Cobos. Otro que se acomodó a la vida democrática fue el ex comisario Oscar Pérez, que hizo carrera en la Policía Mendoza y llegó a ser jefe de la Unidad Regional II (actual Distrital Dos). También fue asesor hace pocos años del Consejo Departamental de Seguridad de San Rafael.

Otro enjuiciado es el ex comisario Hugo Trentini, condenado en la resonante causa del homicidio del estudiante bonaerense Sebastián Bordón.

También se destaca el caso de Edgar Martín Ferreyra, que durante muchos años fue conductor de un conocido programa folclórico cuyano en LV4 y que durante la última dictadura cumplió funciones de inteligencia en las secciones locales del Ejército y en la ex SIDE.