Por Sebastián Premici

Entre febrero de 2013 y enero de este año, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios relevó aproximadamente 300 empresas, con una fiscalización de 8000 trabajadores. El resultado fue que en el 70 por ciento de los operativos se encontraron niñas, niños y adolescentes trabajando, en clara infracción al artículo 148 bis del Código Penal. El pasado 6 de febrero, el Renatea realizó una inspección en la propiedad de uno de los principales productores de papa del país, Ernesto José Ciantini, dueño de la empresa DJC S.A. Allí encontraron a dos menores de edad y a otros treinta trabajadores en condiciones de extrema precariedad. Los peones rurales dormían en una habitación con las ventanas tapiadas, en bolsas de arpillera y plásticas. La inspección se realizó junto al Centro de Acceso a la Justicia de Córdoba, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Los funcionarios realizaron la denuncia penal por explotación laboral y trabajo infantil. En otro operativo, en la provincia de Salta, el Renatea encontró a 18 trabajadores en una misma situación de precariedad. Trabajaban para la empresa Moreno Agrícola Ganadera S.A, y algunos peones denunciaron que fueron “convocados” por la compañía Cresud, del grupo IRSA.

Las situaciones de precariedad laboral en el campo, trabajo infantil y en algunos casos condiciones de vida infrahumanas se repiten con un denominador común: la total ausencia del gremio de los peones rurales, Uatre, conducido por Gerónimo “Momo” Venegas. Uno de los chicos encontrados en Córdoba, de nombre Emanuel Ceferino Cornejo (15 años) explicó a los inspectores del Renatea que su trabajo era el de “cortador de papas para la siembra”, cobraba 7 pesos por cada bolsa de 50 kg y debía permanecer en el predio de 6.30 a 11.00 y de 15.00 a 20.00 horas. En total, nueve horas y media de trabajo.

Una vez realizado el corte de la papa, el joven ingresaba el producto luego de pasarlo por talco (sin ningún tipo de medida de seguridad sanitaria) en la misma bolsa de 50 kg del que había retirado el tubérculo, “bolsas también prohibidas para este tipo de tareas entre otras causas por las evidentes consecuencias que causan en la columna y riñones de los trabajadores que las manipulan”, según explicaron a Página/12 desde el organismo fiscalizador. El menor fue restituido a su madre y se procedió a realizar la denuncia por explotación infantil.

El Momo Venegas sabe lo que es la cosecha de papa, y lo que implica para un menor levantar las bolsas de 50 kilos, ya que él mismo se desempeñó en este rubro. Sin embargo, la situación en la que fueron encontrados los peones, sumado a su propio relato, develó la total ausencia del sindicato. Los peones vivían en una habitación subdividida por materiales, que por un lado tenía el “lugar de descanso” con bolsas de arpillera y plásticas y en la otra parte funcionaba una especie de cocina con un anafe (pequeña hornalla a gas), mientras que una puerta desvencijada hacía de mesa, apenas elevada por un block de ladrillos.

La otra inspección ocurrió en Salta, en un establecimiento de 100 hectáreas, propiedad de Moreno Agrícola Ganadera SA, y Carmen Liliana, Miguel Arcangel, Wilda Marixel, Waldo Rosario, Angel Antenor, todos de apellido Guerrero. Según las investigaciones en curso, las autoridades del Renatea Salta están tratando de identificar si todas estas personas actuaban como testaferros de otros empresarios salteños. En el lugar se hallaron 18 peones, de los cuales ninguno tenía la libreta correspondiente. De este total, 14 habían llegado de la ciudad de Joaquín V. González, departamento Anta, ubicado a 250 km de la ciudad de Salta, y lo hicieron a través “de un contacto realizado por ingenieros de la empresa Cresud S.A., trasladados en un vehículo de forma directa”, según consta en el acta de inspección.

La imagen se repite: los peones carecían de energía eléctrica. Para calefacción o para preparar alimentos, utilizaban fuego de leña extraída del campo rural. No contaban con agua corriente. El agua que utilizaban para beber era provista por el encargado y depositada en tanques de plástico. No tenían baños, ni siquiera algún lugar improvisado. Tampoco contaban con un espacio para guardar la comida, por lo que también pudo apreciarse durante el operativo carne en mal estado tendida cual ropa sucia. En la inspección intervino la delegación Salta de Delitos Federales y Complejos de la Policía Federal y se le dio vista al Juzgado Federal N° 1. La ubicación del establecimiento hacía imposible que los trabajadores tuvieran acceso a algún lugar poblado o transporte público. La distancia hasta la ciudad de Salta era 40 km. La localidad más cercana estaba a 15 km, pero la crecida del río hacía imposible su cruce. Es decir, los peones estaban virtualmente atrapados en el establecimiento denunciado.