Al mejor estilo Santiago Montoya, el otrora recaudador de Buenos Aires, la Provincia comenzó a escrachar a los deudores de los impuestos Automotor e Inmobiliario. Los controles alcanzaron a vehículos estacionados en la playa oficial de la Casa de Gobierno y se replicaron en las plazas departamentales de Luján, Maipú y Godoy Cruz. Aunque no dio a conocer la cantidad de autos y camionetas auditada, el Gobierno prefirió reservar el resultado del operativo hasta tener los números finales.

Unos 48 fiscalizadores de la Dirección General de Rentas (DGR), parte de aquellos 100 estudiantes de Ciencias Económicas que la repartición contrató en marzo con el objetivo de mejorar la recaudación, y otros seis coordinadores “barrieron” la playa de estacionamiento de la sede del Ejecutivo local y las calles aledañas de las plazas mencionadas para labrar las intimaciones.

Con sus teléfonos celulares inteligentes en mano, los sabuesos teclearon las patentes de 364 vehículos para chequear las deudas de los titulares tanto del Impuesto Automotor como del Inmobiliario (108 fueron controlados en la sede gubernamental). “Si el vehículo fue dado de alta en el 2012, es decir que es último modelo, y tiene deuda se le coloca un sticker rojo que advierte de que es deudor. Lo mismo pasa si el auto no ha sido dado de alta este año pero acumula una deuda superior a $3.000 entre Automotor e Inmobiliario”, explicó el titular de la DGR Claudio Gil. En tanto, si el vehículo no posee deuda alguna, se gana un redondo sticker verde con la leyenda “Yo pago”.

Los deudores, además, al regresar al vehículo se encontraron con una notificación en la que lo emplazan a cancelar la deuda en el término de 10 días y, una vez vencido ese plazo, la DGR iniciará las acciones administrativas y de cobranza que correspondan.

Los escraches comenzaron con esos dos impuestos patrimoniales porque en ellos es donde se presenta el mayor grado de morosidad, calculado en un 40% de la cartera de contribuyentes, explicó el funcionario.

Pago in situ

Gil informó, además, que el operativo contó con los servicios de la oficina móvil de la DGR que cuenta con las herramientas necesarias para imprimir los boletos de los dos impuestos. De esta manera, se buscó incentivar al infractor a cancelar, si es que estaba en el lugar porque el control se hizo sobre los vehículos estacionados y el dueño puede que no estuviera cerca. Esto fue lo que pasó con un repartidor de botellones de agua que estaba estacionado en la playa oficial de la Casa de Gobierno. El hombre se quejó de que ese no era su vehículo, sino que estaba trabajando con él, pero accedió a llevarse el boleto con el detalle de la deuda.

El funcionario dijo también que en 15 días ya estará listo y funcionando un sistema que permitirá a los infractores pagar lo que deben en el momento, con su tarjeta de crédito o débito, ya que por estos días se firmará un convenio con entidades bancarias con presencia en Mendoza. Debido a la complejidad que implica, esta modalidad estará disponible sólo en grandes operativos masivos.