La sentencia de una jueza porteña que frenó el aborto no punible de una mujer de 32 años, violada y víctima de la trata de personas (ver aparte), tuvo inmediata repercusión en el Congreso. Ayer, los senadores de la UCR salieron a exigirle al Gobierno nacional que acepte tratar un proyecto de ley firmado por ocho legisladores de este bloque que propuso una nueva redacción del artículo 86 del Código Penal, que es el que establece cuáles son los casos de abortos autorizados por la ley.

"El ministro de Salud debería promover la norma en el Congreso", advirtió Gerardo Morales, quien el pasado 11 de abril, junto al presidente del bloque de la UCR, Luis Naidenoff, y los senadores Laura Montero, Arturo Vera, José Cano, Juan Carlos Marino, Emilio Rached y Alfredo Martínez, presentó un proyecto de modificación del artículo 86 del Código Penal en el sentido de calificar de "no punible" los abortos practicados en situaciones relacionadas con el riesgo de la mujer o la violación.

"Lamentablemente, aún no ha sido considerado por el oficialismo, lo que demuestra la falta de interés del Gobierno nacional de resolver una cuestión básica de derechos humanos", destacó Morales.

El texto propuesto indica que "el aborto practicado por un médico diplomado, con consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 2. Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. ..."

Morales señaló que "los desacuerdos, tanto doctrinarios como jurisprudenciales, son históricos. Una revisión de los argumentos de quienes sostienen la interpretación restrictiva de la despenalización, que ciernen todo a que la víctima sea una ?mujer idiota o demente', no encuentra justificación en los derechos garantizados por nuestra Constitución y en la igualdad ante la ley consagrado en su artículo 16".

En los fundamentos de la iniciativa se toma en consideración el fallo "Fuentes, Aurora Luisa s/medida autosatisfactiva", del 13 de marzo de 2012, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el que se dirime definitivamente la disputa interpretativa acerca de la manera en que deben aplicarse los permisos de la ley penal para interrumpir un embarazo bajo ciertas circunstancias.
 
"Este pronunciamiento ha establecido la mejor interpretación posible de la ley penal de fondo, a la luz del derecho federal y del derecho internacional de los derechos humanos, deviniendo en una reivindicación a los derechos de las mujeres, ante los graves problemas sociales que hoy atraviesan", dicen los radicales, quienes valoran la expresión de los juristas que instan a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos normas y protocolos "para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos", según el fallo.

La polémica en torno al aborto está casi silenciada en el Congreso. Las autoridades del oficialismo han sacado de las prioridades de las dos Cámaras la posibilidad de legalizar y despenalizar la interrupción del embarazo, aunque unos cincuenta legisladores de todo el arco político han representado el proyecto (toda mujer puede abortar hasta las 12 semanas de gestación) sumándose a la campaña nacional que encaran, desde hace años, grupos progresistas, feministas y toda la izquierda.