El trabajo rural sigue estando bajo la lupa por las denuncias relacionadas con la precarización de las condiciones de contratación, las cuales llegan, en algunos casos, a compararse con la esclavitud. En contraposición a esto, el Gobierno indicó que creció la cantidad de hijos de trabajadores que asisten a los centros de apoyo escolar en estas empresas, controlando y reduciendo el empleo infantil. Dora Balada, directora de Empleo, informó a El Sol que el trabajo en negro y el infantil han existido siempre y que es un hecho histórico.

Pero como ha aumentado el cuerpo de inspectores y la presión para que cambie la situación, existe un alto nivel de concientización en las empresas. “El tema es que hay más visibilidad de la problemática, lo que es muy bueno para la sociedad”, comentó Balada. Pero la política de control y fiscalización no debe pasar sólo por la infracción, ya que existe más de una empresa que paga la multa y sigue adelante con su metodología de explotar a los empleados.

Desde el 2008 hasta la actualidad, la matrícula de los Centros de Apoyo Educativo (CAE) aumentó 124 por ciento. Además, en estos tres últimos años se hizo 35 por ciento más de centros socioeducativos, equivalentes a todo lo que se construyó en once años. Por eso se ha generado un programa que se denomina Buena Cosecha para crear centros de capacitación para los niños de 0 a 15 años, ya que es la edad que la ley nacional 22.248 establece para el empleo.

“Queda prohibido el trabajo a menores de 14 años, cualquiera fuere la índole de las tareas que se pretendiere asignarles”, regula el artículo 107 de la legislación. “El programa suma voluntades, centros socioeducativos para que los niños sean contenidos. Muchos trabajadores no tienen dónde dejar a sus hijos durante la cosecha y a partir de esa necesidad surgió este plan”, explicó Balada. El año pasado, muchas empresas negaron su participación en el programa, pero en la actualidad, como ven los controles y las multas que se realizan, se suman al proyecto.

El programa prevé equipamiento, traslado de los chicos hasta los centros y ludotecas (cajas de juguetes), entre otros elementos. El año pasado se hicieron 20 centros y este año se sumarán 40 más. En total, ya están contabilizando 2.000 chicos que estarán en esos centros, y la DGE es la encargada de poner a los docentes. Como falta poco para que terminen las vacaciones, los hijos de trabajadores rurales en edad escolar vuelven a estos centros que se transforman en espacios para asistir a los chicos que tienen dificultades para resolver los problemas.

Pero, como en toda temporada, las inspecciones sacan a la luz una realidad de explotación laboral en el campo, y Mendoza no es ajena a esta situación. Durante el verano, la mayor frecuencia se da en la cosecha de las hortalizas como cebolla, ajo, papa y tomate, entre otros. Pero, sin dudas, la que más gente necesita es la vitivinicultura. Este sector está siendo más controlado y presenta el mayor nivel de tecnología moderna, en comparación con el de las hortalizas, que sigue siendo bastante precario.

Los operativos de la Subsecretaría de Trabajo se llevan adelante en conjunto con la AFIP y la Policía Rural, ya que hay muchos casos en que los propietarios obstruyen el ingreso de los inspectores, mientras, simultáneamente, desalojan por atrás al personal que no está registrado. Ricardo Nasif, jefe de la Delegación Tunuyán de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, explicó que vienen realizando procedimientos de inspección laboral en diversas fincas y la situación sigue siendo la misma. Los operativos que concreta han ido aumentando a lo largo del tiempo.

La inspecciones del 2003 al 2006 llegaron a 15.131. De ahí se labraron 7.435 infracciones. En tanto, desde el 2007 hasta el 2010 hubo 60.826 inspecciones, de las que se hicieron 40.539 multas. Este año han estado detectando, inspeccionando y denunciando a las empresas que tienen personal en condiciones muy precarias. “Las condiciones tan inhumanas en las que se desempeñan los trabajadores temporales son históricas en el país. Surgen ahora a partir de un fenómeno que desconozco”, señaló Balada.

Diego Montón, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), afirmó que se están realizando más controles para erradicar el trabajo infantil y desde el sector empresarial están dejando de lado esta modalidad. Sin embargo, criticó que el contrato laboral para el trabajo rural sigue siendo el mismo, es decir, en negro y en precarias condiciones. “No tienen agua ni electricidad, duermen en lugares insalubres. Además, los métodos de contratación, cuando los hay, no son los mejores. Es decir, hacen el trabajo por muy poco dinero”, informó Montón. Para el representante de la UST en Mendoza, la única salida es la reforma agraria, por la que los campesinos puedan tener participación directa en la producción de la tierra.

Escuela-fábrica metalúrgica

La Dirección General de Escuelas firmó el comodato para la creación de una escuela-fábrica. El convenio entre los gobiernos provincial y nacional y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) es para utilizar un predio de unos 5.000 metros donde funcionaba una fábrica, para capacitar a desocupados, subocupados y personas mayores, entre otros, en metalmecánica y metalúrgica. La enseñanza se dividirá en tres niveles: primero, quienes no tengan trabajo y necesiten un oficio; después, gente con más conocimiento, y, finalmente, el de la especialización. La UOM se hará cargo del manejo del predio y ya tiene experiencia en las estrategias.

Denuncia contra un empresario de Tupungato

Ricardo Nasif, jefe de la Delegación Tunuyán de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, radicó una denuncia penal ante la fiscalía de Alberto Giuberti contra el empresario Juan José de Marchi por intentos de intimidación y extorsión. Nasif indicó que el 8 de febrero, una camioneta 4x4, con vidrios polarizados y sin patente, que pertenecería a Juan José de Marchi, ha merodeado por su domicilio en horarios en los que sólo se encontraban su esposa y sus hijos.
    El jefe de la Delegación participó el 10 de febrero, junto con la AFIP, en un operativo de inspección laboral en la finca La Merecida, propiedad de De Marchi, ubicada en Tupungato, donde se encuentran viviendo trabajadores y sus hijos en condiciones infrahumanas. En un momento de la inspección se acercó hacia el lugar donde estaban relevando a los trabajadores una camioneta (similar a la denunciada por Nasif) y descendió Juan José de Marchi y desde aproximadamente unos cuatro metros de distancia tomó fotografías sin autorización

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