La iniciativa del Departamento General de Irrigación (DGI) dada a conocer por el gobernador Francisco Pérez el 1 de mayo, la cual buscaba recuperar trece mil hectáreas improductivas y que poseen grandes deudas con el Estado, se presentó ayer en la Legislatura. En primer lugar, quedó fuera del texto la propuesta de quedarse con terrenos que tuvieron diez años de incumplimientos con el fisco –las deudas caducan a los cinco años– mientras que se avanzará con aquellas tierras que tengan deudas superiores al avalúo fiscal.

El objetivo es la creación de un banco de tierras rurales y una posterior licitación de estos terrenos que no están en producción pero conservan el derecho a riego. Las explicaciones las dio ayer el propio superintendente de Irrigación, José Luis Álvarez, quien hizo hincapié en la importancia que tiene el recurso hídrico en nuestra provincia.

El agua siempre ha sido fundamental en Mendoza, pero, en los últimos años, el cambio climático y el calentamiento global han profundizado la crisis en las zonas productivas. Tanto es así, que la provincia cuenta sólo con 2,4% de su superficie irrigada. Con este dato Álvarez comenzó su exposición y, por este motivo, es que el Estado intentará recuperar las hectáreas abandonas para, luego, mediante licitación o concurso, entregarlas a nuevos dueños con el compromiso de trabajarlas.

TERRENOS EN RIESGO. Ante la presencia del vicegobernador Carlos Ciurca, Alvarez explicó que se deberán declarar de utilidad pública las propiedades privadas para que el Estado pueda proceder a la expropiación. Además, tendrán que contar con una extensión que exceda las diez hectáreas y tener deudas ante la DGI o Rentas. Estas zonas pasarán a conformar parte del banco de tierras junto a otros terrenos fiscales provinciales y nacionales.

La forma en la que se llevará adelante el embargo y posterior adjudicación contiene algunos interrogantes. Por ejemplo, el Estado deberá indemnizar a los propietarios de las zonas a expropiar, por ello, se seleccionarán sólo aquellos terrenos en donde lo adeudado supere el avalúo fiscal. De esta forma, la indemnización será compensada con los montos impagos. Pero si los montos de indemnización no son acordados, se procederá a una batalla judicial que podría retrasar el trámite.

"En esta instancia no se puede tener certezas en cuanto al dinero que podría significar para Mendoza la recuperación de estas tierras, hay casos particulares que hay que analizar", explicó Álvarez, con respecto a otro de los temas controvertidos del proyecto. Por otra parte, en cuanto al procedimiento de licitación, el Gobierno se respaldará en la ley provincial 4.711, que plantea cuatro modalidades de asignación: la licitación pública, el concurso de precios, el de antecedentes y la adjudicación directa.

Es justamente este último procedimiento el que más perspicacias presenta, ya que, podría presentar grandes visos de discrecionalidad en el reparto de hectáreas. Según el funcionario, estos casos también se deberán trabajar de forma individual. Además de los objetivos prácticos de la puesta en marcha de las tierras, también se espera que este proyecto logre promover el arraigo e incentivar la participación de la juventud en el desarrollo rural.