Pero mientras en Diputados se debatió y se sancionó en un tiempo relativamente corto, en el Senado ya llevan tres meses de tira y afloja. Primero, la Comisión de Salud se demoró más de dos meses en emitir un despacho. Luego se decidió una fecha de discusión con o sin despacho, fijada para el 13 de noviembre, pero se pospuso. En tercer lugar, y con dos despachos negativos, iba a votarse ayer. Tenía, además, las peores perspectivas: iban a rechazarlo.

Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres –sindicatos, partidos políticos afines y no afines al Gobierno, entidades de la sociedad civil, y profesionales universitarios– lograron que se los escuchara: fueron recibidos por el vicegobernador, Carlos Ciurca, y un grupo de legisladores que entendieron que el debate sobre el protocolo de aborto no punible es demasiado sensible a la sociedad como para rechazarlo sin miramientos. Por eso la discusión se pospuso una semana.

Al mismo tiempo ingresó a la Cámara Alta un despacho en minoría, de la Comisión de Asuntos Constitucionales e impulsado por el radical Juan Carlos Jaliff y los cuatro senadores que integran esta comisión y apoyan el proyecto: Omar Dengra (UCR), Fernando Simón (PJ), Claudia Torres (PJ) y Miriam Gallardo (PJ).

Lo que se busca es introducir cambios en el protocolo, porque hay muchos legisladores que no lo quieren aprobar tal y como viene de Diputados pero tampoco están convencidos de rechazarlo.

Según explicó el senador Jaliff, el dictamen se realizó para suplir un bache institucional: si hay un despacho de mayoría, debe haber un despacho de minoría en contrapartida, porque si el despacho en mayoría fuese rechazado, no se sabría en verdad cómo actuar.