La presidenta Cristina Kirchner anunció ayer la promulgación de la ley que regula el funcionamiento de las empresas de medicina prepaga, sancionada el 4 de mayo pasado por la Cámara de Diputados.

En un discurso en la Casa Rosada, que fue transmitido por cadena nacional, la Presidenta defendió la sanción de esa norma, que fue fuertemente resistida por las empresas del sector, y pidió “que nadie se sienta perseguido, no queremos que se desfinancien ni que se fundan”, en alusión a los argumentos que esgrimieron las empresas durante el debate legislativo.

“Regulación no significa afectar rentabilidad, ese es un verso de las políticas neoliberales de los 90 que ya no se lo traga nadie”, aseguró.

La ley obliga a las empresas a disponer de planes de cobertura médico-asistencial y el Programa Médico Obligatorio; brindar prestaciones básicas para personas con discapacidad; y establece que las prepagas no podrán fijar períodos de espera para dar las prestaciones, rechazar asociados por su edad o por tener enfermedades preexistentes, ni se podrá aumentar la cuota para los mayores de 65 años que tengan diez años de antigüedad.

Aunque el decreto no fue difundido ayer, la Presidenta anticipó que la reglamentación de la ley, tarea que le tocará al Ejecutivo, no va a “desvirtuar” o violar “el espíritu” lo que fue sancionado por el Congreso.

En una respuesta al reclamo de las empresas sobre la rentabilidad de su negocio, Cristina dijo que durante 2009 y 2010 las principales prepagas habían hecho uso del derecho legal de comprar 2 millones de dólares por mes, “no para pagar deudas, ni dividendos, sino para atesoramiento de divisa extranjera”.

Claves de la ley

Las prepagas no podrán aumentar el valor de la cuota cuando el afiliado cumpla 65 años y tenga al menos 10 años de antigüedad.

Las enfermedades preexistentes ya no serán motivo de rechazo de alguien que quiere afiliarse.

Se deja de incluir el “período de carencia”, que es la espera de determinado tiempo antes de acceder a una parte de la cobertura.

Deberán brindar prestaciones básicas a personas con discapacidad.

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