Por Tomás Lukin

Molinos para todos

Por Bruno Capra y Andrés Repar *

El crecimiento económico de Argentina demandó cada año la incorporación de cerca de 1000 MW de potencia eléctrica instalada. Ese proceso marginó durante los últimos siete años la incorporación de energías renovables con la importación de centrales térmicas, que motivó mayores requerimientos de combustibles. En ese período, se registró una persistente caída de la producción de gas por falta de inversiones y un crecimiento explosivo entre 2011 y 2012 en la importación de gas. El volumen de recursos necesarios para la actividad interna se recuperará probablemente con recursos no convencionales argentinos, pero serán necesarios no menos de cinco años. Por eso es imprescindible lograr una incorporación intensiva de potencia eléctrica renovable por medio de energía eólica e hidroeléctrica.

Argentina cuenta con un apreciable potencial de energía renovable. El mapa de potencial eólico del país permite inferir que se pueden generar más de 4000 MW. Por su parte, el potencial hidráulico del país supera los 30.000 MW. En ese escenario, los parques de generación eólica son pasibles de ser construidos en mucho menor tiempo que las hidroeléctricas. Argentina tuvo, con el aprovechamiento del viento en la Pampa Húmeda (350.000 molinos para agua equivalentes a 200 MW), su revolución tecnológica en la producción de ganado. Hoy se requiere de decenas de granjas eólicas, que por tecnología y economía de escala se ubican en módulos de 50 a 200 MW cada una.

¿Cómo afrontar parte del crecimiento con la fabricación e instalación de generadores eólicos? Hay varias formas de generar energía eléctrica, pero las distintas alternativas de programas de ejecución pasan todas por planes plurianuales. La generación eólica, a partir del viento, es posible en toda la Argentina, pero principalmente en la Patagonia.

¿Nacional o importado? Hay una creencia generalizada acerca de que los argentinos no podemos hacer obras de esta dimensión, responsabilidad y/o complejidad, que necesitamos comprar muchas cosas de otros países, sean los equipos, los estudios previos, la ingeniería de construcción, la dirección de obras, etc. Con esto renunciamos a nuestra soberanía tecnológica para resolver nuestros propios problemas y así resignamos posibilidades de tener mejor nivel de vida para la población.

En el país hay historia y capacidad disponible para la realización de equipamiento necesario. Hay que cambiar la forma de proceder y volver a usar reglas para la participación nacional, con control del uso de divisas, que las empresas que participen sean sólo empresas nacionales de capital interno, etc. ¿Qué es lo que no podemos hacer los argentinos en los equipamientos de generadores eólicos? Todo es posible fabricarlo en Argentina, con un adecuado volumen de compras se puede encarar, sin lugar a dudas, un desarrollo tecnológico local, además de hacer que el ciento por ciento nacional llegue a precios competitivos internacionales.

Un generador eólico de una potencia promedio de 1 MW cuesta entre 5 y 6 millones de pesos. Ese valor se recupera con el ahorro de combustible, ya que, cuando está disponible por la existencia de viento, se reducen los aportes de las centrales que lo consumen. Es posible alcanzar en 2020 el equivalente de unos 1200 MW instalados. Si se tuviera que comprar gasoil para esa potencia (aproximadamente 5000 hs/año) se tendría que importar un consumo medio de 1.800.000 m3, que implica una erogación (a 0,80 u$s/litro) de unos 640 millones de dólares.

Una respuesta es que con pesos es posible hacer efectivamente una industria eólica en la Argentina. Hay un “Cluster Eólico Argentino” en Cipibic (Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital de la R. A.) de industrias nacionales que informan cada cosa que hace falta para fabricar generadores eólicos en Argentina, quién, qué y dónde se hacen las partes, y hay tres fabricantes argentinos que pueden integrar el ciento por ciento de las partes argentinas.

Creemos en la necesidad de un programa ambicioso de energía eólica empalmando con la fabricación nacional de estos generadores. Es deseable, factible y realizable conformar una carga de compra de equipos eólicos a razón de unos 200 MW anuales y por un tiempo de 15 años. Esto permite la programación de dos o tres plantas fabriles dedicadas al tema, de capital interno y con proyectos de ingeniería realizados con profesionales argentinos residentes en Argentina.

Usar el territorio nacional, el viento nacional, el transporte de la energía interconectado y tener los consumidores nacionales que pagan en pesos evitaría comprometer una importante suma de divisas para pagar generadores eólicos importados. Hay partes argentinas, ingenieros argentinos, obreros argentinos, materiales argentinos, plata argentina, empresas argentinas, viento argentino, territorio argentino y gobierno argentino.

* Integrantes de IESO, Instituto de Energía Scalabrini Ortiz.

Una discusión pendiente

Por Juan Carlos Villalonga *

El debate sobre la energía nuclear que abrió el accidente en la central de Fukushima en Japón no está superado. Aunque desde algunos sectores como la Autoridad Regulatoria Nuclear se sostiene que existe una opinión mayoritaria sobre las “excepcionales contribuciones de la nucleoenergía a la reducción de los gases de efecto invernadero”, se trata de un debate abierto.

A fines del año pasado, producto de la presión de la opinión pública, el gobierno japonés debió cambiar radicalmente su política en materia nuclear y asumió un plan para cerrar sus plantas atómicas antes del 2040. Más de 50 centrales nucleares producían el 30 por ciento de la energía eléctrica de ese país antes del accidente que produjo el tsunami de 2010. Para las próximas dos décadas Japón planeaba cubrir con reactores nucleares el 40 por ciento del total de la electricidad generada. La decisión de Japón es uno de los resultados más importantes del debate post-Fukushima.

Una segunda falsedad es sostener que sigue siendo mayoritaria la opinión favorable hacia el desarrollo de energía nuclear. En nuestro país este debate nuclear ha sido evitado sistemáticamente por las autoridades.

El abandono de la energía nuclear, que hoy sólo aporta un 6 por ciento de la energía eléctrica en Argentina, es perfectamente posible. Necesitamos transformar radicalmente nuestra matriz energética si queremos evitar un escenario de conflictividad creciente, costos siempre a la suba, riesgos innecesarios y un pasivo inmenso para las futuras generaciones.

Desplazar la porción de energía eléctrica que hoy aportan las plantas nucleares por fuentes de energía limpia y renovable es perfectamente posible y se puede hacer en muy pocos años. El mejor mecanismo para hacerlo es a través de un mecanismo similar al Genren, el programa de promoción de inversiones en fuentes renovables que el gobierno nacional lanzó en el 2009. Lamentablemente ese programa tiene aún una pobrísima implementación debido a la debilidad con que el Estado lo viene ejecutando y respaldando.

El debate se torna cada vez más urgente, ya que el gobierno nacional está destinando enormes sumas de dinero a la reactivación de la actividad nuclear. Esto incluye la finalización, a un costo económico disparatado, de la planta atómica de Atucha II. Al mismo tiempo, se inician las inversiones para extender la vida útil de Embalse. Algo similar deberá ocurrir próximamente con Atucha I. Entretanto, se dispone a iniciar la construcción del prototipo de reactor Carem y adquirir una nueva planta nuclear. Todo esto se proyecta concretar en los próximos ocho años, e implicará, entre otros conflictos, la reactivación de la altamente contaminante minería de uranio. Se trata de un debate que no puede seguir eludiéndose.

Para producir el cambio necesario debemos suspender los proyectos de endeudamiento y subsidios para obras vinculadas al sector nuclear. Para esto es imprescindible que se derogue la Ley 26.566, el “paquetazo nuclear” aprobado por el Congreso Nacional en el 2009, un fenomenal cheque en blanco que la dirigencia política nacional le otorgó al lobby nuclear. Hoy ya existe un proyecto de ley en el Congreso nacional para establecer metas y objetivos de transformación de la matriz de generación eléctrica para cambiar de rumbo hacia un modelo basado en fuentes renovables. Plantea el cierre de las plantas nucleares y alcanzar una participación de las renovables del orden del 25 por ciento para el año 2020. Para ese año todas las distribuidoras de electricidad del país deberán admitir y promover que sus usuarios se conviertan en generadores, alentando así un sistema de generación distribuida, más eficiente y racional. Tales metas son perfectamente posibles; no existen impedimentos técnicos para alcanzarlas ni implica costos económicos extraordinarios. De lo que se trata, simplemente, es de romper un viejo libreto escrito por el lobby fósil y nuclear.

* Presidente de la junta directiva de Los Verdes.