La polémica propuesta ha despertado preocupación en organismos nacionales y en organizaciones de Derechos Humanos locales. Entre otros puntos, se cuestiona que es inconstitucional y que desde la Provincia no se puede legislar sobre una cuestión de jurisdicción nacional. Petri ha rechazado estas críticas al punto que logró en Diputados que sus correligionarios, con los representantes del PD, le den el aval. Ahora, el turno es del Senado, donde los números no son tan holgados para la oposición.

La Procuración Penitenciaria de la Nación se creó en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación y su objetivo fundamental es proteger los derechos humanos de los internos comprendidos en el Régimen Penitenciario Federal, todas personas privadas de su libertad. Asimismo, las voces en contra del proyecto de Petri se multiplicarán hoy en la Legislatura, cuando, en un foro organizado por la senadora Alejandra Naman, hable el diputado nacional por Nuevo Encuentro Marcelo Saín, en contra de la iniciativa mendocina.

La "ley Petri" cuenta, por fuera de la Legislatura, con un fuerte aval de los familiares de víctimas de delitos, lo que en parte viene condicionando la posición del Gobierno y los legisladores oficialistas. "Varios aspectos del proyecto resultan incompatibles con la legislación nacional en la materia y normas constitucionales e internacionales que consagran derechos y garantías de las personas privadas de su libertad", expresa el documento de 28 páginas que elaboró la PPN .

La PPN cuestiona, entre otros puntos, la competencia de la Provincia para legislar en materia de Ejecución Penal, la vulneración de los estándares constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos, problemas de confluencia de modelos de prisión antagónicos en un mismo cuerpo normativo, la no incorporación de desarrollos más modernos en la materia, y el impacto del endurecimiento de la legislación en la crisis carcelaria de la provincia de Mendoza. Sobre este punto final, el documento remarca la situación de superpoblación y déficit de infraestructura en el sistema penitenciario local.