“Hablar de autarquía judicial pasa por un tema económico”. La frase es de la jueza del Tercer Juzgado Tributario Gabriela Ábalos, quien además pertenece a la Asociación de Magistrados de la provincia, y es una de las invitadas a la reunión para debatir sobre la viabilidad del proyecto de autarquía judicial en la Legislatura. Fue durante una reunión de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales de ambas cámaras, que es donde se debate el proyecto.

A grandes rasgos, Ábalos, como miembro y no como voz oficial de la asociación, dijo que “la idea tiene aspectos buenos y otros mejorables”. Puntualmente, se refirió a que, tal y como está planteada, la iniciativa roza la contradicción con la ley de contabilidad de la provincia. Además, puntualizó que, si bien el proyecto es bienintencionado (busca que el Poder Judicial se independice plenamente), tiene fallas que deben de ser solucionadas.

Una de las principales es que sería bueno plantear la autarquía en el proyecto de reforma de la Constitución y que quede plasmada en ella, para que luego una nueva ley no pueda anularla.

Principal problema

El proyecto enviado por Pérez plantea que el Poder Judicial maneje su propio presupuesto. Los recursos se obtendrían de un equivalente al 7,9% de la recaudación de Ingresos Brutos, Impuesto Automotor, Inmobiliario y Coparticipación Federal. Además de lo que se recaude por el total de la Tasa de Justicia.

Con esa palabra, “equivalente”, salva la posibilidad de contradecir a la ya nombrada Ley 3.799. En su artículo 16 dice que no podrán destinarse recursos a fines específicos, por eso el proyecto de Pérez hace esa salvedad de la equivalencia.

De todas maneras, sería posible que, de salir aprobada, alguna de las partes interesadas (un juez, por ejemplo) trabajara para anularla.

Otros defectos

Pero, además, según Ábalos, el proyecto adolece de más falencias.

“Todo se trata de determinar qué Poder Judicial quieren. Uno débil y raquítico, o uno fuerte, despolitizado, alejado de las presiones políticas. Para esto la autarquía es clave”. Pero, según opinó, sería más que importante que esta medida no apuntara sólo a lograr que los jueces se hicieran cargo de sus aumentos salariales, ni que nada más tendiera a que la Corte deba mediar en las discusiones salariales de sus empleados.

“El tema es que se puedan plantear objetivos para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial, que se pueda poner en marcha la Policía Judicial, por ejemplo, o activar el Código Procesal Penal en las diferentes jurisdicciones”, manifestó la jueza. Esto, sin la garantía de recursos genuinos, seguiría perpetuando una Justicia que gasta el 91% de su presupuesto en pagar salarios y sólo el 9% en el propio funcionamiento.

Una reforma planteada en estos términos sería sólo declamativa. Los cambios se podrían movilizar de dos formas.

En primer lugar, logrando que ese porcentaje sea un equivalente a la Ley de Presupuesto provincial, y no atarlo a la posibilidad, no siempre cierta, de la recaudación. En este punto, Ábalos criticó también que entre los impuestos y la coparticipación no se hayan mencionado los recursos que Mendoza obtiene por regalías para calcular el ingreso de la Justicia. El otro camino sería introducir una cláusula en la iniciativa del Ejecutivo para que se garantice un piso de ingresos que permita cumplir con ciertos objetivos planteados de antemano.

Por su parte, Gustavo Colotto, camarista de la Tercera Cámara Civil, también participó en la reunión, junto con Luis Rojas, juez de la Tercera Circunscripción. Ambos aseguraron que la Asociación de Magistrados tomará una decisión orgánica en pocos días sobre el proyecto de Pérez.

Seguirán las reuniones

Según manifestó el presidente de LAC en Diputados, Alejandro Viadana (PJ), las reuniones por la autarquía continuarán. El próximo invitado a participar es el Colegio de Abogados. Además, dijo que “tanto en el Ministerio de Hacienda como en la Suprema Corte están haciendo sus números, y pronto nos vamos a juntar con esos datos para echar luz sobre la decisión a tomar”.

Al respecto del cuestionamiento por la ley de contabilidad, Leonardo Giacomelli, titular de LAC en el Senado, aclaró: “Una ley puede ser modificada por otra ley, puede ser que esto suceda con la autarquía”.