Esas dos medidas son parte del paquete de anuncios que hará hoy el ministro Carlos Aranda en respuesta a los homicidios del abogado Adolfo Moreno y la empleada bacaria María Lourdes Gordillo, como la convocatoria a Gendarmería y la liberación de efectivos de tareas pasivas para pasarlos al patrullaje.

En una visita que hizo ayer a Luján de Cuyo, el gobernador explicó que la idea en el campo de la investigación de los delitos es que se constituya la Policía Judicial y que se haga una nueva Fiscalía de Delitos Complejos, ya que la actual “se ha desbordado”, consideró.

Pérez explicó que este último proyecto tiende a que haya unidades fiscales especializadas en diferentes rubros delictivos, como así también sus investigadores.

Pero la idea general del Gobierno es que el paquete de medidas que anunciará Aranda mixture los anuncios duros de estricta incumbencia policial y judicial con otros destinados a atacar algunas causas sociales de la delincuencia.

Pérez remarcó que las acciones a ejecutar no son sólo para el Ministerio de Seguridad, sino también para las carteras de Desarrollo Social, Infraestructura y la Dirección General de Escuelas.

“No se trata de una sola medida sino de acciones que deben ser articuladas y trabajadas entre los tres poderes”, señaló el gobernador, quien repitió que hay que trabajar sobre los jóvenes que no están incluidos en el sistema laboral y educativo, y “mejorar las condiciones de hacinamiento que tienen muchas familias en la provincia, porque esto colabora con generar nuevas personas que delinquen”, agregó.

Para bajar la presión por la crisis de seguridad, Pérez admitió que sobre la materia “no hay fórmulas mágicas, el problema de la inseguridad es mundial. Las acciones que estamos haciendo en distintos barrios tienen que ver con las condiciones de marginalidad y de infraestructura, pero además están relacionadas con los flagelos sociales que se dan en algunos barrios urbanos, donde ciertos malvivientes marginan al resto de los ciudadanos de la sociedad”.

La oposición se endurece

Los radicales y los demócratas acordaron apurar en la Legislatura la derogación de la adhesión de Mendoza al Código de Ejecución Penal nacional para aprobar uno local que haga más difícil la salida a presos peligrosos.

Los radicales ya presentaron una nota en la Mesa de Entradas de Diputados para pedir urgente tratamiento al proyecto de Código de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, del legislador Luis Petri.