Unos 20 tucumanos –entre ellos cinco menores cuyas edades van de 1 a 12 años– fueron encontrados abandonados en una finca de Rivadavia esta semana. Hacinados, sin comida ni dinero para subsistir y durmiendo desde febrero prácticamente a la intemperie, habían llegado a la provincia a comienzos de la temporada para cosechar en un terreno ubicado en el distrito La Central.

El pago por ese trabajo y las condiciones pautadas antes de su arribo nunca se cumplieron.

“Como esclavos” y “en situación de vulneración absoluta de derechos humanos, con su vida e integridad en juego”, es como describieron la escena algunas de las autoridades de distintas áreas del Gobierno que participaron en el operativo, que se inició el miércoles y tuvo ayer un nuevo capítulo.

Se constató además que la mayoría de los chicos allí instalados con sus familias también recolectaban uvas, en una clara violación de las normas que los amparan.

Una inspección de la Subsecretaría de Trabajo fue el puntapié inicial del procedimiento. Luego de revisar las condiciones de higiene y seguridad, también las laborales –como el trabajo en negro–, y de labrar las respectivas actuaciones con infracciones incluidas, ante la imposibilidad de ubicar al propietario (en la razón social de la finca figura como Raúl Comeglio) intervinieron la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Dirección de Protección de los Derechos Humanos, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.

Dada la urgencia que implicaba la situación extrema a la que había llegado el grupo, que al momento del procedimiento llevaba al menos dos días sin acceder a ningún tipo de alimento, la Dirección de Protección denunció penalmente el caso en la Fiscalía Penal Nº1 de la Justicia federal, a cargo de Alejandra Obregón.
“Estamos evaluando constituirnos como querellantes”, confió Rubén Cuello, director de Protección de Derechos, mientras se trasladaba a la zona donde se detectó el conflicto.

Aseguró que lo primero que se hizo fue abastecer a los damnificados con un bolsón de comida. Y prosiguió: “En este momento están siendo contenidos por trabajadoras sociales y psicólogas, luego podrían dar testimonio en la fiscalía que investiga y en una segunda fase, en acuerdo con las dependencias de Derechos Humanos de Tucumán, se les consultará si quieren retornar a su provincia. En tanto eso no suceda, se les proveerá del alojamiento y el alimento adecuados”.

Vulnerados fuera de su zona

Entre los adultos, la mayoría de los obreros hallados en La Central no supera la barrera de los 40 años. Uno de ellos fue el que tomó contacto con Trabajo al advertir que el dueño de la finca –se ubica en una calle que tendría el mismo nombre que figura en la razón social de la propiedad, Comeglio– no sólo había incumplido con el pago total prometido al finalizar los meses de cosecha, sino que además había dejado de procurarles la comida, que, aunque no les llegaba todos los días, les aseguraba los víveres mínimos para subsistir.

“De vez en cuando, el propietario les acercaba alimento, como fideos, mientras éstos seguían trabajando en condiciones de hacinamiento con sus hijos a cuestas. Después, cuando la comida comenzó a faltarles, acudieron a la caridad de los vecinos. Sin baño ni cocina, durmiendo prácticamente a la intemperie, tenían un pequeño rancho que ellos mismos reacondicionaron, por ejemplo, con instalaciones eléctricas peligrosas por lo precarias. Tampoco contaban con asistencia médica”, describió Cuello.

La situación de explotación y trata laboral –siguiendo el testimonio de las autoridades– contó con amenazas del finquero cuando los cosechadores le reclamaban la remuneración y el trato correspondientes. El hombre los habría amedrentado asegurándoles que había coimeado a la policía local para que no pudiera hacer nada, coaccionándolos así a permanecer en el territorio al que habían sido conferidos, según información oficial.