“Hay que salir. La violencia de género está allá afuera y nosotros debatimos el tema puertas adentro. Lo que queremos hacer es llevar a la comisión a la realidad”. La que habla es la senadora Wanda Paredes, presidenta del espacio Género y Diversidad de la Cámara Alta de Mendoza, y quien ha tomado la posta de la que, hasta ahora, era una asignatura pendiente: sistematizar los datos de violencia de género, en especial, de agresión hacia las mujeres y por otra parte, hacer un relevamiento de los recursos que cada comuna tiene para afrontarlos. Lo harán desde esta comisión para suplir la falta de un observatorio de género, proyecto que nunca se trató en la Legislatura, y que sería fundamental para elaborar políticas públicas específicas sobre esta problemática.

Pocas respuestas oficiales

Según Paredes, no sólo hay una deuda social por parte del Poder Legislativo para con la problemática de Género –de hecho, hay una docena de proyectos sin tratar–, sino que desde el Ejecutivo y el Judicial tampoco están a la altura que esta conflictividad amerita.

“Desde que presido la Comisión de Género me llegan reclamos porque la Justicia no actúa a tiempo. Nos falta una pata: que el Poder Judicial se haga cargo de la parte que le toca y que lo haga a tiempo. Las víctimas denuncian que el fiscal o el Juez no les dan importancia a sus denuncias”, manifestó la legisladora. 

En cuanto al Ejecutivo, Paredes cree que es imprescindible que este cuente con los datos específicos de lo que sucede en materia de violencia de género en cada uno de los 18 departamentos de la provincia.

Esta necesidad la debería cubrir un observatorio de Violencia de Género, pero este objetivo no se cumplirá porque el proyecto –es de su autoría– nunca salió de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. “Me dijeron que la idea era muy buena, pero no la debatieron”, aseguró Paredes.

Entonces, los asesores de este espacio de debate del Senado se volcaron a suplir la necesidad.

Realizaron un relevamiento de los datos con los que cuenta cada comuna y este miércoles presentarán ante la comisión los indicadores conseguidos. “Es un gran avance, nunca se había hecho, y lo que queremos es que con estas bases, más el recorrido que realicemos por las comunas, se pueda elaborar un mapa para que el Ejecutivo lo utilice a la hora de elaborar políticas públicas específicas según los requerimientos de cada zona”, explicó la legisladora. 

A modo de ejemplo, agregó que no es lo mismo la conflictividad de una mujer que vive en el ámbito rural, que una de la ciudad. Esta diferencia debe verse plasmada en las estrategias de abordaje gubernamentales.

“Con qué nos vamos a encontrar realmente no lo sé. Pero sí sé que hay muchas carencias. Hay municipios que no tienen un área específica para esta problemática, y se trabaja como y con lo que se puede”, dijo la senadora, que está decidida a sacar a los integrantes de la comisión a trabajar a territorio. “Es la única manera de saber con lo que contamos para enfrentar este flagelo”.

Sin fecha

Aún no se sabe cuándo van a concluir el recorrido y cuándo tendrán los datos en la mano, pero sí se sabe que una vez elaborado el mapa, se lo enviarán al gobernador para que tome decisiones.

►Un refugio por barrio. Uno de los proyectos cajoneados  apunta a crear un refugio en cada barrio del IPV. Se trata de destinar una vivienda para que sea ocupada por víctimas de violencia. 

►Hacer visible el 144. Es el número gratuito de ayuda a víctimas. La idea es que todos los autos oficiales lleven una leyenda que indique como comunicarse. 

Una docena de proyectos sin tratar

Además de la declaración de Emergencia en Violencia de Género (una iniciativa varias veces presentada y que nunca se concreta), Paredes indicó que existen, por lo menos, 12 proyectos relacionados con esta temática varados en Legislatura. Uno de ellos es el que otorga licencias especiales a las empleadas públicas que se encuentren pasando por una situación de este tipo, otro es para la creación de fiscalías especiales para poner este tipo de denuncias y también para que los autos oficiales lleven impreso el 144, número de atención a víctimas de violencia.

Otra de las iniciativas es la apertura de diversos refugios para que las víctimas tengan a dónde ir a vivir en el momento de alejarse del victimario, en caso de no tener hogar.

Al respecto, Paredes mencionó otro de sus proyectos, que consiste en que en cada barrio construido por el IPV se deje una vivienda para ser utilizada como casa transitoria para mujeres víctimas de agresión. Pero tampoco se ha discutido.

Una de las mayores deudas en este sentido es la declaración de emergencia en violencia de género. La semana pasada ingresó otro proyecto –el tercero con el que cuenta el Parlamento local– para que se declare. Hace tres años la idea fue llevada a la casa de las leyes por la asociación Mumala, con la referente social Silvina Anfuso a la cabeza. Otras dos iniciativas se presentaron también: una del diputado Daniel Cassia (PJ), y la más reciente, de la diputada Lorena Meschini (UCR). Esta cuenta con la adhesión de las legisladoras radicales.

La idea de declarar la emergencia es que el Estado deba respaldar acciones para mitigar el flagelo con dinero, contante y sonante. Esto porque muchas veces las campañas son de sensibilización y terminan siendo un cúmulo de buenas intenciones que no pasan de eso.

El hecho de tener que invertir parte del presupuesto en ellas las convierte en soluciones reales.