El Gobierno trabaja sigilosamente en estos días en la redacción de un proyecto de ley tendiente a reformar la ley de contrato de trabajo. Allí se prevén cambios profundos en el sistema laboral vigente con la idea de abrir el debate en la agenda legislativa del año próximo.

Un alto funcionario del Ministerio de Trabajo reveló que el Gobierno impulsará en el Congreso modificaciones en la legislación para mejorar la indemnización mínima y aumentar las licencias por paternidad, y debatir sobre la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. "La idea es ir en la misma línea que los nuevos códigos. Será la contracara de los años 90 y de lo que fue la flexibilización laboral. Aunque a la izquierda tal vez [los eventuales cambios] le parezca poco", dijo el funcionario.

La iniciativa está siendo analizada por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el diputado Héctor Recalde (Frente para la Victoria), que preside la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara baja.

Si bien en el Congreso hay decenas de proyectos que impulsan cambios vinculados con el trabajo, el objetivo de éste es consensuarlo en el más alto nivel del Gabinete y después ponerlo a consideración de la presidenta Cristina Kirchner.

Endurecer los despidos, dar beneficios caros cuando hay problemas de competitividad o debatir la participación de los trabajadores en las ganancias son decisiones que, desde el punto de vista de las empresas, parecen parches poco eficientes para solucionar los problemas actuales de empleo. "Cualquier incremento en los costos hoy significa más despidos y menos empleo", opinó el abogado laboralista Julián De Diego.

"Queremos hacer un reordenamiento de la legislación. No se pretende cambiar el espíritu de Centeno [Norberto, autor del anteproyecto que fue el antecedente principal del Régimen de Contrato de Trabajo]", dijeron cerca de Tomada.

Para el ministro, incluso, sería más importante impulsar una reforma tributaria que la de legislación laboral. "Hasta ideológicamente es más jugado apostar por la reforma tributaria", dijeron en la sede laboral de avenida Alem 650.

Recalde reconoció que hay intenciones de instrumentar cambios, aunque rechazó que se trate de buscar un golpe de efecto durante la campaña electoral del año que viene. "Se avanzó gradualmente con leyes laborales, incluso en años en los que no hubo elecciones", dijo el legislador a LA NACION.

Entre los "temas pendientes" que considera Recalde, y que coincidirían con los planteados por Tomada, están el aumento de las licencias por embarazo y paternidad, subir la cantidad de sueldos de indemnización mínima y debatir la participación de los trabajadores en las ganancias.

Sobre los cambios en el régimen de las licencias hay unanimidad en incrementar los días, sobre todo en el de los hombres, a quienes hoy les corresponden sólo 48 horas por paternidad. En cuanto a las indemnizaciones por despido, se sugeriría equiparar al resto de los trabajadores registrados con el estatuto del peón rural, que contempla un mínimo de dos sueldos como indemnización mínima. De avanzar en este punto, volvería a modificarse el piso de las indemnizaciones, que sufrió una reducción durante la presidencia de Carlos Menem.

En tanto, sobre el reparto de las utilidades de las empresas, Recalde insistió en que se trata de un derecho contemplado en la Constitución, pero que debe debatirse "primariamente" en el marco de la negociación colectiva de trabajo de cada sector.

De esta manera también lo había advertido la Presidenta cuando Hugo Moyano, por entonces aliado al kirchnerismo y jefe de la única CGT, insistía en este reclamo.

DESAFÍOS URGENTES

Figura también entre los desafíos más urgentes del Gobierno la reducción del empleo no registrado. Desde hace años, la estadística sobre el trabajo en negro navega por encima del 30 por ciento.

El último registro oficial señaló que el 33,5 por ciento de los asalariados no está registrado. Es decir, serían casi 4.500.000 personas que no cuentan con aportes jubilatorios ni obra social. Con diferentes iniciativas, prevé reducir el trabajo informal al 30 por ciento en un año, lo que implicaría regularizar a cerca de 300.000 trabajadores.

No sería sencillo. "Para lograrlo, hacen falta tres factores: concientización social y empresaria, políticas activas y crecimiento económico. Nos faltaría un contexto económico más favorable. Hoy el problema es la generación de empleo", admitieron las fuentes consultadas en el Ministerio de Trabajo.

En línea con la intención de ubicar el debate laboral en la campaña presidencial de 2015, es probable que Antonio Caló, el jefe de la CGT alineada con el Gobierno, adquiera mayor protagonismo en los diferentes actos proselitistas del kirchnerismo.

Como parte de la estrategia, Caló, que empuja la candidatura presidencial del gobernador bonaerense Daniel Scioli para suceder a Cristina Kirchner, se mostró recientemente con otros aspirantes a la Casa Rosada por el oficialismo. Estuvo con el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y con el presidente de la Cámara de Diputados y también candidato presidencial del oficialismo Julián Domínguez.

En todos los casos, el discurso del líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) giró siempre sobre lo mismo: "Asumí la responsabilidad para defender los puestos de trabajo de esta década ganada. En 2001 teníamos 50.000 afiliados y el gremio estaba a punto de irse a la quiebra. Hoy tenemos 250.000 afiliados y discutimos aumentos de salarios".

CONSENSOS

El diputado Recalde asegura que habrá consensos casi de manera unánime en caso de un eventual tratamiento del proyecto de ley en la Comisión de Legislación Laboral de Diputados.

"Todas las leyes que sacamos fueron casi unánimes, con un 90 por ciento de los integrantes de la comisión de acuerdo. Salvo Pro y el FIT [la izquierda], el resto siempre acompañó", dijo el legislador kirchnerista y ex asesor legal de la CGT.

No hubo el mismo consenso esperado por Recalde en el Congreso cuando se discutieron en su momento las leyes laborales durante los gobiernos de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa entre 1995 y 2001.

En el caso del gobierno menemista se establecía una flexibilización laboral muy fuerte que fue duramente objetada por los gremios en su momento. De hecho, ahora el gobierno de Cristina Kirchner buscará contrarrestar en el plano discursivo esa reforma con la propuesta de cambios en el sistema laboral que ahora se impulsan desde la Casa Rosada en favor de los trabajadores.

Por su parte, los empresarios no creen que este tipo de reformas laborales ayude a mejorar la situación de recesión. Por el contrario, opinan que estas iniciativas tenderán a incrementar los costos laborales de las empresas y por ende a generar menos empleo. La creación de empleo privado comenzó a desacelerarse en 2007 y prácticamente se estancó en 2011. Desde entonces, la única usina que traccionó al mercado laboral fue el empleo público, según los analistas..