Enfrentado a una crisis que arrastró de nuevo al país a la recesión y determinado a reducir el déficit al 5,3% del PBI, desde el 8,51% de 2011, el Gobierno español decidió, entre otras medidas, limitar la salud pública a los "residentes autorizados".

Así, a partir del 1 de setiembre, los inmigrantes irregulares o ilegales sólo tendrán derecho a pediatría, asistencia al embarazo y atención de urgencias, una medida con la que el gobierno espera ahorrar 500 millones de euros y que, según la ministra de Salud, Ana Mato, pone a España "al nivel de otros países de la Unión Europea".

La restricción afectará a un universo de inmigrantes calculado en 500.000 personas, provenientes principalmente de América Latina, el norte de África y el este de Europa.

De ese total, según cifras aportadas por el diario español La Vanguardia, unos 150.000 serían argentinos, lo que los convertiría en la comunidad extranjera en situación irregular más numerosa.

Este último número surge de datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas español en 2009 y 2010, cuando tenían registrados a 290.281 argentinos "empadronados", es decir argentinos que habían llegado a España aproximadamente entre 1985 y 2010.
 
De ese total, 93.335 poseían la ciudadanía española. Si se toma en cuenta que unos 50.000 registraron su egreso de aeropuertos españoles, embarcados de vuelta a Argentina, restan unos 150.000, que es la cifra presunta de irregulares.

Un caso testigo es el de Carmen María, una nicaragüense de 33 años que prefiere no dar su apellido. Gracias al seguimiento médico gratuito, ella puede vivir en España con una enfermedad incurable pese a no tener papeles, pero su tratamiento tiene los días contados en un país que, para reducir el gasto público, se dispone a dejar sin sanidad a los inmigrantes irregulares.

Carmen María llegó a España a principios de 2010 y desde entonces, pese a trabajar como empleada del hogar, no logró un permiso de residencia. Pero, en un país que tenía como orgullo su atención médica universal, esto no le impidió recibir asistencia especializada cuando, hace diez meses, le descubrieron una dermatomiositis.

"Es una enfermedad denominada rara y tengo que estar en chequeo constante con el médico", explica sobre esta patología de la piel que puede ir asociada con el cáncer y que "en Nicaragua ni se conoce".
 
"No puedo pasar un mes sin ir al médico porque qué sé yo si en la analítica de este mes salió que ya tengo un tumor en alguna parte", se preocupa Carmen María, que dejó esposo y cuatro hijos en su país.

"Estoy aquí sola, no tengo a nadie", dice con voz temblorosa. Por eso acudió a SOS Racismo en busca de ayuda.

Esta ONG, como muchas otras de defensa de los inmigrantes, dio la voz de alarma tras conocerse el plan de rigor con el que el gobierno conservador de Mariano Rajoy pretende ahorrar 7.000 millones de euros en salud pública.

Para Vladimir Paspuel, presidente de la asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui, "es una situación muy peligrosa".

Puede implicar "un riesgo a la vida por enfermedades que no se traten a tiempo", dice rodeado de expedientes en su pequeño local del popular barrio madrileño de Pueblo Nuevo donde una decena de personas ofrecen asistencia jurídica, laboral y social a los inmigrantes.

"Da además un mensaje subliminal a la sociedad española, como diciendo: ?son los inmigrantes irregulares los que se están llevando el dinero, son los que están generando la crisis'", fustiga.

Para desmontar esta creencia, varias ONG divulgaron en los últimos días estudios según los cuales los inmigrantes van menos al médico que los españoles.

Uno de ellos, realizado por médicos de Zaragoza y citado por Médicos del Mundo, señala que los inmigrantes adultos acuden a la sanidad una media de 4,2 veces frente a 6,7 para los españoles.

Otro, realizado por un técnico de la salud pública de Madrid y recogido por el diario El País, situó la media de los extranjeros en 5,05 veces frente a 7,65 para los españoles.

Esta "irregularidad sobrevenida" golpea cada vez más a extranjeros que tenían una situación legal, pagaron sus impuestos y aportaron a la seguridad social hasta que perdieron su trabajo en un país con un desempleo del 23%, más del 40% entre inmigrantes.