Quien promueva el trabajo infantil en cualquier rincón del país será pasible de ser castigado por la Justicia con penas que van de 1 a 4 años de prisión. Esto es lo que fijó la ley que ayer sancionó el Senado (Diputados la votó en 2012) y que ahora debe ser promulgada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La norma incorpora un nuevo artículo al Código Penal argentino (el 148 bis) para establecer que irá a la cárcel la persona que "aprovechare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil". Como la pena que se fija es superior a los 3 años de detención, el delito que quedó tipificado es no excarcelable.

La norma sancionada remite a la ley 26.390, de 2008, que prohibió "el trabajo de las personas menores 16 años en todas sus formas, exista o no relación de empleo contractual, y sea éste remunerado o no". Pero esta nueva modificación del Código Penal plantea dos excepciones. La primera es que no será considerado trabajo infantil "las tareas que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente".

La segunda: "No será punible el padre, madre, tutor o guardador que incurriere en la conducta descripta". Aunque el proyecto fue aprobado por unanimidad por las dos cámaras (los 63 senadores presentes ayer en el recinto pulsaron el botón verde) hubo quejas de sectores de la oposición por estas dos excepciones.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, presenció el debate en el Senado y festejó largamente con sus colaboradores. "No ha sido fácil conseguir esta ley porque la idea de la naturalización del trabajo infantil logra muchos defensores en sectores judiciales, políticos, administrativos y sobre todo empresarios", dijo el funcionario al finalizar la sesión. Luego defendió que el delito sea no excarcelable: "La pena fue muy debatida porque algunos creían que debía permitirse la excarcelación, pero hemos logrado revertir esta idea. Hoy quien cometa este delito es pasible de ir a prisión".

Según los números que aportó el Ministerio de Trabajo, hoy en la Argentina 2,7% de los chicos menores a 16 años trabaja. El senador kirchnerista Pedro Guastavino dijo que el objetivo de la ley "es perseguir a los empresarios inescrupulosos" que emplean a menores y aclaró se exceptuó a los padres o tutores de los niños "porque no buscamos criminalizar la pobreza ya que los padres que mandan a sus hijos a trabajar lo hacen porque no tienen otra alternativa y si estos van a prisión les estaríamos generando un problema más grande a los chicos".

El radical Gerardo Morales cuestionó que el texto aprobado incorpore como excepción las tareas pedagógicas ya que -señaló- la ley 26.390 sólo fija como posible excepción el trabajo familiar, es decir, el que hacen los chicos junto a sus padres en jornadas no superiores a las 3 horas. En tanto, la peronista disidente Liliana Negre de Alonso pidió cambios para que el peso de la ley caiga también sobre los dueños de las grandes empresas que promueven el trabajo infantil en el campo y "no sólo en los gerentes o capataces que toman los chicos".

Otro radical, Luis Naidenoff, se envalentonó y cuestionó el "avance relativo" de la norma ya que -afirmó- "hay que ir al hueso y penar a los padres porque en la gran mayoría de los casos son quienes explotan laboralmente a sus hijos".

"Esta ley no es la ideal, pero es la posible", sostuvieron los legisladores K y no aceptaron cambios para evitar que el proyecto regrese a Diputados.

Los tres senadores por Mendoza aprobaron la norma. La radical Laura Montero pidió una solución integral al problema y recordó que en el campo el trabajo infantil está naturalizado ("hay una cultura del trabajo infantil donde el chico empieza atando las viñas"). "Hay que poner más creatividad y esfuerzos para que los padres que trabajan en el campo tengan adónde dejar a sus hijos", dijo la senadora. Otro mendocino, el justicialista Adolfo Bermejo, destacó la experiencia del Plan Buena Cosecha donde los padres dejan a sus hijos en los centro socio-educativos.

"Trasladan a los niños de los trabajadores rurales, le dan educación informal, cobertura y monitoreo de salud, tres comidas diarias y recreación. Son 914 niños y niñas menores de 14 años que pertenecen a 300 familias rurales", explicó.

Como no podía ser de otra manera, el Papa argentino también se coló en el debate. "Quiero reconocer al Papa Francisco que se sumó a esta lucha contra el trabajo infantil porque esto está relacionado directamente con la trata de personas", dijo Aníbal Fernández. El ex jefe de Gabinete no fue el único que mencionó a Jorge Bergoglio. La peronista no K Sonia Escudero citó una de sus frases en la que definía América Latina como "la región con más católicos, pero más desigual del mundo".