Ayer se escribió una página importante en cuanto a garantizar igualdad y dignidad en la atención de la salud de las personas con capacidades especiales en la provincia. Es que la Cámara de Diputados local dio media sanción a un proyecto que propone la adhesión a la Ley Nacional de Discapacidad Nº 24.901, algo largamente reclamado por los familiares que pugnaban por que las obras sociales provinciales reconociesen la totalidad de los tratamientos, medicamentos y prótesis como lo hacen las de orden nacional.

"Estamos felices; pese a que hasta ayer éramos escépticos, la Legislatura dijo lo que hace tanto tiempo sosteníamos: reconoció que nuestros hijos tienen derechos y dignidad y eso nos llenó de emoción y lágrimas", comentó Laura Triviño, una de las mamás que lideró la convocatoria. "Mientras hablaban me acordaba de los momentos difíciles que pasé cuando no quisieron recibir a mi hijo en un instituto y no sabía cómo lo iba a tratar", agregó.

A partir de ahora resta el tratamiento del proyecto en el Senado, aunque se descuenta su aprobación.

Aunque la norma nacional data de 1997, Mendoza es una de las cuatro provincias que no había querido adherir aduciendo que no se contaba con los fondos necesarios para hacerle frente. Asimismo, en la Casa de las Leyes se acumulaban los proyectos que dormían plácidamente mientras por lo menos 6 mil afiliados a Osep se las arreglaban como podían para costear los gastos.

Pero, cansados de reclamar cada miércoles, los Padres Autoconvocados se comunicaron con el popular programa de TV "CQC", que trajo a la provincia su segmento Proteste ya que conduce el notero "Gonzalito" Rodríguez. Y a partir de allí el debate sobre el tema en la Legislatura cambió drásticamente. Lo que demandó años se resolvió en 15 días.

Ayer, pese a que en varias oportunidades las sesiones habían fracasado por la ausencia de diputados oficialistas, finalmente se logró unanimidad y acuerdo para adherir a la norma nacional.

Marcelo Costa, titular de Osep, se situó siempre en el ojo de la tormenta al ser el más cuestionado por los familiares. En este contexto, el funcionario siempre aseguró que no se podía hacer frente a la cobertura total y propuso como mal menor el aumento de 1 por ciento en la cuota de todos los afiliados para conformar un fondo. Pero el Poder Ejecutivo, de la mano de los legisladores oficialistas, lo desestimó al decidir la adhesión.

Pese a esto, Costa aseguró: "Estamos muy contentos porque fuimos los pioneros en 2009 en querer resolver esta situación"; mientras que sobre el financiamiento, sostuvo: "Osep hará los ajustes necesarios y se verá de dónde se saca".

El proyecto aprobado

En primera instancia sostiene que Mendoza adhiere al régimen establecido en la ley 24.901 que instituye el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral en favor de las personas con discapacidad.

Esto implica que la Osep tendrá a su cargo con carácter obligatorio para sus afiliados la cobertura integral de estos pacientes y que no podrá rechazar la afiliación de las personas que cumplan con los requisitos establecidos en la carta orgánica.

Pero el proyecto no se queda sólo allí sino que da un paso más allá. En el artículo tres establece dos cuestiones que son parte de los reclamos. Determina la modificación del estatuto de la obra social para exigir por un lado que "los hijos mayores de 21 años que acrediten discapacidad" quedarán comprendidos en el grupo familiar.

Y obliga a los jueces a aportar a Osep, lo que aparece destacado con otro tipo de letra en el escrito: "Están obligados a aportar a la Obra Social de Empleados Públicos, los magistrados del Poder Judicial de la Provincia, los legisladores provinciales, los intendentes y los concejales, siempre en carácter de afiliados directos".

Es que hasta ahora el aporte de los jueces era un tema urticante a partir de que en setiembre de 2000, por ley, se les permitió poder elegir su prestadora de servicios de salud, lo cual teniendo en cuenta sus altos salarios implica una suma no despreciable para la obra social.

"Estimamos que ingresarán por este ítem unos 5 millones y medio de pesos", especificó Marcelo Costa. Y ante la consulta de si podría haber problemas para contar con la solidaridad de los jueces, opinó: "No lo creo, porque será la Contaduría provincial la que les retendrá el 5 por ciento como a cualquier otro empleado".

Por otra parte, en cuanto al meollo del asunto -los fondos-, el artículo 4 autoriza al Poder Ejecutivo "a realizar las adecuaciones presupuestarias y transferencias de partidas necesarias a a los efectos de la presente ley".

Próximos pasos

La próxima instancia es el tratamiento en la Cámara alta, para lo cual aún no se ha fijado fecha, pero donde los familiares descuentan la aprobación definitiva ya que aseguran cuentan con la palabra del vicegobernador electo, Carlos Ciurca.

Entre los puntos más cuestionados por los detractores de la ley está el hecho de que el nomenclador, donde se fijan los costos de las prestaciones, está elaborado con valores de Buenos Aires. Por este motivo, fue justamente Ciurca quien se encargó de explicar que se usará éste por ahora, aunque sea más caro, pero que "próximamente se trabajará en uno federal con valores promedio para todas las provincias".

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, explicó que "se espera avanzar en una futura ley provincial más integradora y que abarque otros aspectos".

Fuente: http://www.losandes.com.ar/notas/2011/11/10/adhesion-discapacidad-tiene-media-sancion-605593.asp