En la Argentina, sobre un total de 52.722 personas detenidas en cárceles federales y provinciales, 31.389 (el 59,50 por ciento) son internos que están bajo el régimen de prisión preventiva, sin condena firme, mientras que suman 21.333 (40,50 por ciento) los que han recibido sentencia definitiva. Las cifras son mencionadas en un libro titulado El estado de la prisión preventiva en la Argentina. Situación actual y propuestas de cambio, realizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), al que tuvo acceso Página/12. El trabajo será presentado hoy en un encuentro organizado por la Defensoría General de la Nación.

En las conclusiones sobre el estudio se señala como dato preocupante que la ratificación de que en el país hay “más presos preventivos que condenados” está demostrando “la utilización desmedida de este instituto” cautelar por parte del Poder Judicial. En el análisis pormenorizado de los datos se confirma una vez más que “el número más importante” de detenidos con prisión preventiva se encuentra en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, donde suman 17.146, lo que representa “un poco más de la mitad de los (21.333) presos preventivos de todo el país”. Del total de presos, entre procesados y condenados, el 67 por ciento tiene entre 18 y 34 años.

Hoy, desde las 18, en el Salón Díaz Lestrem de la Defensoría, en Callao 970, se realizará un debate sobre el tema. Intervendrán la defensora oficial María Fernanda López Puleio; el presidente de la Asociación Pensamiento Penal, Mario Juliano; el catedrático chileno Mauricio Duce y la camarista Angela Ledesma. En la introducción del libro se señala que la prisión preventiva es hoy el instituto “con mayor capacidad lesiva de los derechos fundamentales” por ser “una herramienta de extrema violencia y de grave afectación a los derechos”.

Luego recuerda que el Estado de derecho “exige como presupuestos” para aplicar la preventiva que sea dispuesta “por un tribunal imparcial, previa solicitud de parte, y que se demuestre, en base a elementos probatorios, que la persona intentará eludir el accionar de la Justicia o entorpecer la investigación”. Sin embargo, a pesar de que ya pasaron más de veinte años de la incorporación de procesos de reforma de los sistemas procesales penales, en el marco de la democracia, de todas formas “los distintos tribunales del país regulan y aplican este instituto con un amplio margen de discrecionalidad y por fuera de los principios” básicos.

En las cárceles del país, la mayoría de los presos (29.718) está imputada por robos o intentos de robo, infracciones a la ley de drogas o por delitos contra la seguridad pública. Por delitos graves, como el homicidio doloso, son 7839 los que están entre rejas, según datos reunidos en el año 2008, dado que no hay información actualizada sobre la situación en las unidades penitenciarias.

Si bien en quince de las jurisdicciones nacionales hay más presos condenados que procesados, apenas en las provincias de Chubut, Río Negro, Entre Ríos, Neuquén y Tierra del Fuego hay una relación claramente favorable al total de condenas sobre las prisiones preventivas, del 70 o el 80 por ciento sobre el 30 o el 20 por ciento, respectivamente. Por eso el número de presos sin condena firme es abrumadora mayoría, sobre todo por la incidencia que tiene la situación carcelaria irregular en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe o en Mendoza.

Para completar el trabajo se hicieron entrevistas con personas privadas de su libertad. Sobre 38 casos, se determinó que “la mayoría eran condenados (69 por ciento) y el resto procesados”, pero de todos ellos “sólo el 15 por ciento permaneció en libertad durante la tramitación de su causa”. Esto indica que “la gran mayoría de los entrevistados estuvo o está privado de su libertad de manera preventiva (85 por ciento).

Por lo demás, “el 71 por ciento de los detenidos sostuvo que la prisión afectó sus relaciones familiares, ya sea por haber perdido un vínculo o porque su detención ocasionó el desmembramiento del núcleo familiar”. En cuanto a la duración de la medida cautelar, “se pudo observar que el 17 por ciento de los condenados entrevistados dice haber permanecido más de dos años con prisión preventiva”, superando el plazo legal establecido para ese instituto. El 30 por ciento estuvo entre uno y dos años y el 13 por ciento menos de un año.

En las entrevistas con jueces y fiscales se determinó que, al analizar si se aplica o no la preventiva a un imputado, sólo en el 11 por ciento de los casos se tuvieron en cuenta los informes socioambientales. Esto significa que no se toman en cuenta las situaciones personales, reales, de los acusados, para determinar de manera fehaciente si son personas propensas a fugarse o a ponerle trabas al proceso penal en marcha.