Al menos por ahora, la Corte no está de acuerdo con el diseño de la ley de autarquía financiera para el Poder Judicial, principalmente por los recursos que asigna el Ejecutivo. Pero en el alto tribunal se reservan la posibilidad de mejorarla en la Legislatura. Por eso el "no" de los jueces no es definitivo. El estado de la tensa "negociación" entre el Gobierno y los jueces quedará demostrado hoy a la hora de las fotos. El presidente de la Corte, Pedro Llorente, no estará presente en el acto que armó Francisco Pérez en el cuarto piso del palacio gubernamental para presentar el proyecto que concederá independencia económica a la Justicia. Tampoco asistiría ninguno de los ministros.

El centro de la escena lo ocuparán entonces solamente políticos oficialistas y opositores, dado que el radicalismo acompaña la iniciativa del PJ. La Corte preservará su opinión y sus avales en este primer acto pero se prepara para lo que viene: cuando el proyecto entre a las comisiones de la Legislatura hará públicos sus cuestionamientos y necesidades. No cree la Corte que sea posible resistir con argumentos jurídicos la embestida política a favor de la autarquía. Sí confía, en cambio, en la posibilidad de mejorar la porción de recursos provinciales que, inicialmente, el gobierno de Pérez le ha destinado: prácticamente lo mismo que recibió en el Presupuesto 2012.

Un actor importante para que la Justicia obtenga lo que quiere será el ex legislador radical Raúl Vicchi, quien hoy tiene el rol de ser el nexo entre el alto tribunal y el poder político. A él le corresponderá pulsear con gente que conoce mucho para que la autarquía contemple los fondos que requerirán varias mejoras sensibles, tales como la aplicación del Código Procesal Penal en toda la provincia y la implementación de la Policía Judicial, sólo por mencionar dos de ellas.

POR AHORA, NO. Un día antes de su presentación oficial, desde el ámbito judicial ventilaron un diálogo privado entre el gobernador Francisco Pérez y el presidente de la Corte, Pedro Llorente, donde este último habría confirmado que el alto tribunal, por ahora, no está de acuerdo con varios aspectos de la autarquía. Oficialmente, Llorente minimizó el episodio: se limitó a decir, a través de un vocero, que los contactos con Pérez son "permanentes".

Pero los seis jueces que componen hoy la Corte (el séptimo es Fernando Romano, a quien el gobernador le aceptó finalmente la renuncia el jueves) ya habían expresado sus opiniones negativas unos días antes, en una reunión interna en la que hicieron un análisis jurídico del proyecto oficial. Según la Corte, la iniciativa vulnera artículos de la Constitución provincial, entre ellos el 171, en el que se fija que el presupuesto judicial es definido por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, la Justicia sostiene que la autarquía sólo se puede concretar a través de una reforma de la Carta Magna.

Además hubo quejas por los porcentajes de fondos que se fijan en el proyecto, los cuales representan, más o menos, la misma plata que maneja tribunales hoy. "Nadie se puso a pensar cómo había que hacer para mejorar la Justicia", opinó un ministro de la Corte, en off, ante la consulta de este diario. Para algunos jueces, el proyecto está marcado solamente por la necesidad que Pérez tiene de que los jueces se hagan cargo de los problemas salariales de su área. Y hay temor de que la norma sea utilizada para "hacer política con la Justicia".

ARGUMENTOS. Algunos ministros de la Corte hallan más razones para cuestionar. Creen que la sanción de una simple ley de autarquía deja la puerta abierta para que, en el futuro, por la misma vía, la política establezca una "modificación a la baja" de los porcentajes de recursos fijados en un primer momento. Por eso reclaman que se la incluya en la reforma constitucional. El debate, en definitiva, es por cuestiones de caja. Apenas tuvieron el proyecto en sus manos, los miembros de la Corte consultaron con el Ministerio de Hacienda, y les confirmaron que le concederán a la Justicia un equivalente a los fondos que recibió en el último presupuesto: alrededor de 800 millones de pesos.

En los borradores previos de la autarquía se establece que el dinero previsto para la Justicia sería el equivalente a 7,9% de la recaudación impositiva y de la Coparticipación Federal, más la recaudación propia de tribunales por trámites y otros servicios. Un juez indicó que en el análisis financiero de la Corte saltó también que el proyecto del PJ refleja un piso de fondos para la Justicia respecto de los últimos años. Dicen los magistrados, además, que la plata viene en picada en los últimos años. Y se preparan, en definitiva, para dar batalla y evitar que la autarquía consagre esa tendencia.