La Dirección General de Escuelas (DGE) ya tiene fecha estimativa para poner en marcha el nuevo Código de Convivencia, que incluye la eliminación de amonestaciones para ejercer un nuevo sistema disciplinario a través de la quita de puntos en forma proporcional a la transgresión de cada alumno. Así, María Inés Abrile de Vollmer firmará a fines de esta semana o a principios de la próxima la resolución provincial que establecerá una nueva normativa para escuelas públicas y privadas de toda la provincia.

La iniciativa arranca tarde, ya que el Gobierno tenía previsto comenzar las clases con la resolución ya trabajada en los Consejos de Convivencia de cada escuela. No sólo comienza después de la fecha asignada –desde el Ejecutivo aseguran que es parte del "frío" que instaló el conflicto con el gremio docente en paritarias– sino también que su tardío inicio viene acompañado de duras críticas por parte de la oposición, específicamente de miembros de la UCR que participan en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

Fue Luis Petri, de hecho, quien escribió un proyecto de resolución para pedir a la DGE que postergue la implementación de la nueva normativa hasta, por lo menos, un año más. Además de solicitar extender los plazos de aplicación, Petri asegura que todo tipo de régimen disciplinario hace agua en tanto no exista voluntad por parte de los gobernantes para hacer cumplir las sanciones en proporción a las faltas cometidas.

"Creemos que en Mendoza en los últimos tiempos ha faltado voluntad política para implementar el régimen de amonestaciones, lo que ha llevado a una flexibilización del sistema, justificada por la necesidad de retener al alumno en la escuela a cualquier precio, aun a costa de la pacífica convivencia escolar. Sin esto, será lo mismo con el sistema de puntos", manifestó Petri en su fallido proyecto de postergación de la norma oficial.

Diputados no aprobó la propuesta de Petri, pero el escrito sirvió para convocar a funcionarios de la Dirección General de Escuelas con el fin de dar detalles de la nueva medida. La reunión se concretó el jueves y en ella el Gobierno explicó los puntos centrales de la inminente resolución.

Después de eso, el diputado radical aseguró a El Sol que todavía faltan "especificaciones de cómo actuar en cada caso", además de mayor consenso "para que todos los actores entiendan de qué se trata el nuevo Código de Convivencia y cómo debe implementarse. El plan presenta varios baches, por ejemplo, sobre qué hacer en casos de uso o tenencia de arma blanca (se mantendrá vigente la normativa aplicada por Hugo Duch durante la gestión de Roberto Iglesias), en casos de abuso sexual o de uso de drogas en la escuela o en sus inmediaciones".

Y agregó: "Aún no está clara una serie de puntos del nuevo código y comenzar las clases con un sistema para, en medio del ciclo escolar, remplazarlo por otro generará un caos, sobre todo, si cada Consejo Escolar resuelve a su manera cómo tratar algunos problemas disciplinarios de sus alumnos. La DGE no unifica todos los criterios en su nuevo plan, lo que deja la posibilidad de que un hecho que es considerado peligroso para algunas escuelas, como la portación de armas blancas, puede no ser considerado así en otras instituciones".
En esto también coincide el experto en educación Alejandro Castro Santander (ver aparte), quien aportó su experiencia como asesor de la DGE.

El gobierno se defiende. Livia Sández, subsecretaria de Planeamiento de la Calidad Educativa, explicó que el trabajo para conocer la postura de todos los actores del ámbito educativo comenzó en abril del año pasado. "La DGE ha tenido el tiempo suficiente para obtener los distintos aportes de gente idónea y de todos los actores escolares, a través de largas discusiones, a tal punto que hemos modificado varias cosas del proyecto inicial", señaló.

De hecho, el último cambio del régimen se realizó después de los simulacros que se pusieron en marcha con más de 30 agentes escolares durante febrero.

Según Sández, hubo varios cambios y los principales fueron más "procedimentales", es decir, cómo actuar en casos específicos, sobre todo, con las faltas consideradas "graves" y "extremadamente graves" de acuerdo con el nuevo Código de Convivencia.

"El espíritu inicial se mantiene y es sostener la idea de que si cada escuela organiza y aplica sus normas, las consensúa y las hace cumplir, eso genera una mejor calidad educativa, límites claros y un vínculo más sano en la comunidad escolar", agregó la funcionaria, quien ya confirmó que habrá una serie de "considerandos" que permitirán modificaciones durante la aplicación en el primer año lectivo.

Aún falta el dictamen del Consejo Provincial de Educación, en el que participan actores de diferentes ámbitos de la política, la educación y la sociedad, pero Sández asegura que en la próxima reunión –esta semana– "se definirá ese tema".

El sistema de puntaje se aplicará para las sanciones. La primera metodología apuntaría a que el adolescente vaya restando créditos de un total de 25 puntos si transgrede normas de convivencia. La cantidad de puntos descontados dependerá de la gravedad de la falta. La máxima sanción por un hecho "extremadamente grave" será la quita de 12 puntos, según afirmó ayer la DGE. También habrán políticas "reparatorias" por parte del alumnos que tendrán que ver con tareas comunitarias y consensuadas en cada Consejo Escolar.

Las "deudas", según un experto

Alejandro Castro Santander es miembro del Observatorio Internacional de Violencia Escolar y fue asesor de la DGE en la implementación del nuevo modelo de disciplina.

En diálogo con El Sol, el experto elogió al Gobierno por "animarse a poner en un marco más reglamentario el tema de la convivencia escolar, de normativizarla", pero también asegura que "quedan algunas deudas pendientes para asemejarse al modelo ideal".

"Falta que se continúe con la implementación en la primaria y en el nivel inicial. Además, hay que acompañar el plan con más capacitación docente y un trabajo permanente de alfabetización emocional, es decir, aprender valores para poder darle sentido al cumplimiento de la norma. Además, todos se olvidan de que hay que aclararle al alumno cuál es la conducta esperada".

Según Castro Santander, los legisladores deberían aportar a que, en caso de conflicto, no quede escrachado el nombre de la institución "para no estigmatizarla públicamente". Podrían hacer algo al respecto. Acorde con la crítica del diputado Petri, el experto asegura: "Es necesario contar con un mínimo normativo que sea irrenunciable y que esté unificado en todas las escuelas. Si no, se deja librado a las normas según cada consejo y puede resultar caótico en algunos casos".