En mayo la Dirección General de Escuelas comenzará a aplicar en las escuelas un protocolo para que docentes, directores y preceptores sepan cómo actuar frente a casos de acoso escolar. El texto aún está en proceso de elaboración y llegará a manos de los profesores de la secundaria en el transcurso de las primeras tres semanas de ese mes.

El procedimiento no tendrá fines sancionatorios sino que buscará indicar qué hacer en el caso de que un docente detecte que un joven somete a otro a lo que se llama bullying. María Rosa Sfeir, directora de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares, explicó a UNO que se trata de un protocolo de acción para las escuelas secundarias.

“Informamos, indicamos o sugerimos cómo actuar en determinadas situaciones críticas como serían la violencia escolar, el maltrato intrafamiliar, la posibilidad de la presencia de armas de fuego en las escuelas y las situaciones de acoso y también hablamos del ciberbullying. Lo que hacemos es conceptualizarlo, explicar qué es, cuáles son los indicadores que puede detectar un docente o un preceptor, y qué puede hacer específicamente ante situación como ésta”, señaló la especialista.

Frente a la aparición de casos de maltrato, dijo que hoy la DGE asesora a establecimientos primarios y secundarios sobre cómo manejarse.

Sostuvo que la implementación de la nueva política de convivencia también habla sobre lo que los responsables deben hacer en casos de acoso. “Cuando hay una situación de violencia o de bullying nosotros planteamos identificarla como tal y que tenga una sanción pertinente y trabajar con el chico agredido”, comentó sobre cómo hoy actúan las escuelas frente a estos episodios.

“La idea es que cuando se detecte el caso de un chico que vive este tipo de abuso, los adultos referentes lo convoquen y tengan una charla con él, y que puedan hablar de cómo está, que se sienta acogido y valorado”, agregó Sfeir.

El colegio también deberá llamar a los padres del niño para informarles sobre lo que pasa y plantearles que quizás necesite ayuda. “La institución –afirmó– también debe visualizar quién sería el posible acosador y tomar las medidas necesarias que tienen que ver con la convivencia”.

En caso de no llegar a una resolución, también la víctima podrá optar por cambiar de escuela, de turno o de grado. La especialista de la DGE dijo que esa decisión no dependerá sólo del alumno, sino que debe ser el establecimiento, que pueda ofrecérselo.

Actualmente no hay en la DGE cifras actualizadas sobre cuántos y cuáles son los casos de bullying que se producen en Mendoza. Sfeir sostuvo que en general los datos se adecuan a los de Latinoamérica.

Un estudio preparado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco),desarrollado entre los años 2005 y 2009, determinó que más de la mitad (51,1%) de los estudiantes de 6º grado de educación primaria de 16 países latinoamericanos examinados –entre los que está Argentina– dicen haber sido víctimas de robos, insultos, amenazas o golpes de parte de sus compañeros de escuela.

En busca de una ley que fije un criterio único en la provincia

En simultáneo con la DGE, la Comisión de Educación del Senado ya tiene en sus manos un proyecto de ley que busca establecer una regulación sobre el bullying. El escrito fue presentado hace dos semanas y el martes ya llegó a la comisión. Pretenden que todas las escuelas de la provincia reaccionen de la misma manera cuando detecten casos de maltrato o abuso escolar entre alumnos.

Milagros Suárez, la senadora por la Unión Cívica Radical que elaboró lo que podría ser una futura norma, dijo que en general detectaron que en las escuelas les cuesta identificar cuándo están ante un caso de acoso.

“Hablamos de algo grave, que trae consecuencias para los chicos. Está el alumno que cambia siempre de colegio, el que siempre se porta mal y no se sabe bien qué hacer”, sostuvo la legisladora. Dijo que uno de los objetivos de su iniciativa es otorgar herramientas a los docentes para que puedan detectar el problema y resolverlo.

Suárez dijo que otra de los puntos fuertes es que apunta a la prevención mediante el trabajo con chicos para la resolución de conflictos a través de aplicar juegos cooperativos para enseñarles a los alumnos a lidiar con los conflictos sin violencia.

Al igual que el protocolo que implementará la DGE, la ley tampoco prevé aplicar sanciones a los jóvenes que maltraten a los demás.

“Hay que reconocer que ha habido un error a través del grupo y la mediación escolar para que se pueda, de alguna manera, hablar del tema y que se pueda reparar el daño que produjo por medio de cuestiones simbólicas, como pedir disculpas”, explicó la autora de la medida.

La legisladora radical hizo hincapié en que la idea es que exista un proceso gradual en el que primero los maestros sepan identificar qué clase de acoso se cometió; que, previamente, los estudiantes hayan tenido momentos de clase en los que hayan aprendido y reflexionado sobre el tema y que en caso de detectar que esto sucede pueda trabajarse el tema y arribar a una solución al conflicto.

“Si no se atienden los casos y la única forma de resolver es cambiar de escuela al niño lo único que se hace es patear el problema hacia adelante. Porque de este modo el chico llega a otra escuela con los mismos problemas que traslada. Hay que poder resolver el conflicto, no ocultarlo”, afirmó.

Problemática
►El protocolo de la DGE
Está en proceso de elaboración. Durante los primeros 20 días de mayo capacitarán a los docentes para empezar a aplicarlo en las escuelas secundarias.

►El proyecto de ley
Busca prevenir, combatir y erradicar la violencia escolar.

►Especificaciones
La norma define quiénes son considerados generadores de violencia escolar y quiénes son los que la padecen.

►Tipos
Determina los diferentes casos de abuso que pueden presentarse: psicoemocional, física, patrimonial, sexual, a través de las tecnologías de la información y comunicación (ciberbullying) y verbal.

►Sí a la reparación
Quien cometa el abuso deberá subsanar su acción mediante la realización de tareas comunitarias que sean para el bien común de la institución.